César Ubeda Bravo
Para la expresidente del poder electoral, doctora Rosa Marina Zelaya, además de Julio César Osuna es muy probable que más personas estén involucradas dentro del Consejo Supremo Electoral tomando en consideración los controles de protección del sistema para emitir cédulas de identidad. En esta entrevista la exfuncionaria también aborda otros aspectos del ámbito electoral como el calendario electoral, la observación y debilidades del sistema electoral.
El magistrado presidente de facto del CSE, Roberto Rivas, dijo que el CSE está abierto a las investigaciones, porque la actuación de Osuna fue personal y no institucional. Usted como expresidente de este poder del Estado cree que esta persona actuaba sola o necesariamente debía tener el apoyo de otras personas para emitir las cédulas?
Es parte de lo que obviamente tiene que investigarse. Pareciera muy probable que estén más personas involucradas dentro del CSE. La Ley de Identificación Ciudadana establece un sistema administrativo y el propio CSE tiene que seguir un diseño estructurado con controles de protección del sistema, desde la solicitud hasta la autorización y entrega de las cédulas de identidad, en la cual intervienen muchos funcionarios del CSE. La parte cumbre es la aprobación de la cédula. Donde hace mucho tiempo está el déficit institucional de la carencia de la Comisión Nacional de Cedulación que establece la Ley de Identificación Ciudadana, que debe estar integrada por el director general de Cedulación y los otros cuatro miembros son nombrados por el CSE de propuestas de los partidos políticos.
Las personas de hecho que están en el CSE son responsables de los aspectos administrativos. Es muy peligroso lo ocurrido y urgente la actuación de las autoridades para determinar con la mayor claridad lo sucedido.
El CSE está desprestigiado por los fraudes de las elecciones del 2008 y 2011. Ahora, según la Policía Nacional, el magistrado electoral Julio Osuna era el encargado de solicitar y dar trámite en el Consejo Supremo Electoral de cédulas de identidad a miembros de la organización, destacando el documento de identidad nicaragüense que usaba el mismo “Palidejo” bajo el nombre de José Fernando Treminio Díaz. Con todo este descrédito podemos pensar en acudir a unas elecciones con este CSE?
Agregó que “lo más de fondo, que no abordaron en esas reformas, entre otros: Respetar y fomentar el pluralismo político vs. el bipartidismo predominante en ella; constituir un CSE profesionalizado vs. la bipartidarizacion establecida, desde sus magistrados, pasando por todos los organismos electorales intermedios y de base y su estructura misma como poder electoral, entre otros”.
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Son muy graves los acontecimientos revelados por la Policía Nacional en el propio seno del CSE. Las autoridades judiciales y de Policía deben con carácter de urgencia realizar las investigaciones profundas sobre estos casos, a fin de determinar quiénes estaban involucrados, desde cuándo y aproximadamente cuántas cédulas se emitieron de forma fraudulenta. La comisión de un delito de esta naturaleza pone en entredicho no solo el sistema de cedulación nicaragüense, sino también la credibilidad de las propias cédulas otorgadas a la ciudadanía de cara a terceros. Recordemos que con la cédula de identidad se puede entrar a Honduras, El Salvador y Guatemala. Es también un documento que sirve para votar en las elecciones y para identificarse en cualquier momento de la vida diaria. Todo esto viene a incrementar la ya falta de confianza en las propias personas que están administrando y dirigiendo el CSE en la actualidad, a pesar de que se les venció su período constitucional. La Asamblea Nacional debe a lo inmediato elegir a los nuevos magistrados del CSE. Es su responsabilidad directa e impostergable. Es una urgencia para nuestra democracia y su adecuado desarrollo institucional.
Por otra parte, el Consejo Supremo Electoral publicó el calendario electoral sin incluir las sugerencias de los partidos políticos. ¿Cuál es su valoración?
En Nicaragua en la actualidad se padece de problemas en su institucionalidad y en consecuencia un serio retroceso en nuestra democracia. Ha sido y es una demanda de sectores mayoritarios de nicaragüenses que la Asamblea Nacional elija cuanto antes a los nuevos magistrados del CSE. Eligiendo a personas profesionales, apartidarios, que brinden seguridad y confianza de que administrarán elecciones libres, justas, transparentes y honestas que brinden justicia electoral para todos. Petición que se ha ido acrecentando por el vencimiento del período de las personas que están en el CSE, por las irregularidades y acusaciones de fraudes en las 3 últimas elecciones por parte de partidos políticos y de grandes sectores de la población y ahora al estar a las puertas de las próximas elecciones municipales en noviembre de este año, se ha incrementado por los últimos sucesos en materia de cedulación donde está involucrado según las investigaciones policiales un magistrado suplente de hecho, que ya tenía vencido su período. En la Asamblea Nacional tienen listas de nombres de candidatos que reúnen estas condiciones. Se requiere solo voluntad política de querer tener estructurado un poder electoral digno de su nombre que se respete a sí mismo y haga respetar la Constitución Política, la Ley Electoral y demás leyes que les corresponda aplicar y cumplir.
La observación electoral nacional y extranjera fue una de las principales demandas de los partidos políticos para que se incluyera en el calendario. No obstante, fue obviado por el poder electoral. ¿Existe voluntad de estos magistrados y gobierno de garantizar elecciones limpias y transparentes?
La presencia de la observación electoral nacional e internacional, en países como en Nicaragua, es un factor de confianza, de estabilidad del proceso electoral, de coadyuvante para generar credibilidad al proceso eleccionario y a las elecciones y sus resultados. Naturalmente, estamos hablando de una observación independiente, apartidaria, con capacidad de hacer una observación imparcial y objetiva. Resulta preocupante que los señores del CSE, en las últimas elecciones, han venido siendo refractarios a la observación, cuando además de ser un mandato constitucional la acreditación de la observación electoral, es una petición expresa de los actores políticos.
Los partidos políticos criticaron al CSE porque en la distribución de los CED y CER favorecieron al FSLN. ¿Cuál es su opinión ?
El diseño de los tiempos en un Calendario Electoral está marcado por los acontecimientos o tareas a cumplirse dentro del proceso electoral. Así que el organismo electoral tiene que cuidar que las fechas de cumplimiento no se contradigan ni se superpongan. Primero debe conocerse cuáles partidos políticos participarán en la contienda electoral y cómo lo harán, si de forma individual o en alianza. Con este dato, el organismo electoral puede constituir los órganos electorales para la elección correspondiente: .Consejos Electorales Regionales, Departamentales, Municipales y de Juntas Receptoras de Votos. Estos nombramientos deben realizarlos, cuidando el balance partidario establecido por el pacto del FSLN-PLC en la actual Ley Electoral, mientras no se reforme, es decir el presidente del partido que quedó en primer lugar, el primer miembro, el del segundo lugar y el tercer miembro una distribución equitativa entre las otras organizaciones políticas participantes en las elecciones. Para balancear, en la siguiente distribución, la presidencia se debe de otorgar a la segunda fuerza y el primero al partido que quedó en el primer lugar, y el segundo miembro, conforme lo mencioné antes. De lo contrario, se está violando la Ley Electoral vigente. En el caso de distribución para estas elecciones municipales, ya los partidos políticos de oposición están reclamando que la distribución favorece al partido de Gobierno. Las organizaciones políticas tienen todo el derecho de hacer sus reclamos al no aplicarse adecuadamente la Ley Electoral con justicia electoral para todos.
Finalmente la doctora Zelaya dijo que confía en que exista voluntad política para elegir cuanto antes a los nuevos magistrados con los criterios mencionados y si no existe todavía esa voluntad política, que haya una fuerte presión, de los partidos políticos, de la sociedad civil, del pueblo de Nicaragua exigiendo y demandando la recomposición del CSE. “De lo contrario, seguirá involucionando el sistema electoral en Nicaragua con afectaciones cada vez más graves para nuestra frágil democracia”, consideró.
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