Wendy Álvarez Hidalgo
“No voto porque a mí la política no me da de comer”; “la política no me interesa porque yo no vivo de ella”. Es frecuente escuchar este tipo de expresiones en mercados, autobuses o plazas públicas, pero ¿sabía usted que sin Estado de Derecho, que pasa hasta por ir a depositar un voto a una urna, no hay crecimiento económico sostenible capaz de sacar a 2.7 millones de nicaragüenses de la pobreza mediante la generación de empleos de calidad?
El tipo de inversión que atrae Nicaragua, la escasa diversificación de las exportaciones, el crecimiento no mayor al cinco por ciento anual, los altos índices de desempleo, el grave nivel de evasión fiscal, la competencia desleal entre la pequeña y gran empresa, las “coimas” que se piden en algunas entidades para agilizar un trámite estatal o privado, las constantes violaciones a las leyes y la Constitución, se debe en gran parte a la fragilidad del Estado de Derecho que impera en Nicaragua.
En materia de inversión, por ejemplo, el sociólogo Óscar René Vargas plantea una interrogante: “¿Por qué no vemos a grandes empresas de reconocimiento mundial llegar al país?”. Es cierto, añade, la inversión extranjera directa en 2011 batió récord al sumar 967.9 millones de dólares, pero “en sectores que no son grandes generadores de empleos”. Casi el 40 por ciento de la inversión extranjera captada en 2011 fue en energía y telecomunicaciones, según datos oficiales.
En menos de cinco años, ocho países europeos han anunciado el retiro o reducción parcial de sus programas de ayuda en detrimento de familias pobres.
También se acabó con el programa de cooperación de Estados Unidos, la Cuenta Reto del Milenio (CRM), valorado en 175 millones de dólares, de los cuales 61.5 millones de dólares quedaron sin desembolsarse y que favorecería a miles de productores de León y Chinandega.
La principal causa de toda esta pérdida de ayuda externa: el fraude de las elecciones municipales en 2008, denunciado por la oposición y el deterioro de la institucionalidad en el país.
El costo que debió y deberán pagar las familias pobres de este país, según el sociólogo Óscar René Vargas, son las reformas fiscales que en los menos de cinco años ha aplicado este Gobierno para cubrir el “inmenso agujero” financiero que dejó la salida de la cooperación externa. La primera reforma fiscal que se hizo en este período de Gobierno fue de urgencia en 2009 y actualmente se prepara otra.
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Esto vulnera, según el experto, la garantía de que en Nicaragua se respetan las leyes. Vargas parafrasea a Ferdinand LaSalle (pensador y político alemán) y recuerda que “la Constitución es solo un pedazo de papel, y solamente funciona cuando la correlación social, económica y política tiene peso”.
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El Estado de Derecho también se manifiesta en el papel fiscalizador que ejerce el Gobierno en cuanto al rédito que reciben las empresas extranjeras cuando explotan, por ejemplo, la riqueza natural que existe en el país.
Vargas sostiene que es incongruente que las empresas mineras dejen poco beneficio al país, pese a que sus exportaciones superan los 364 millones de dólares en productos. “Si hubiese un Estado de Derecho fortalecido esto no ocurriría, se les pondría más impuestos sobre las ganancias”, expresa.
El sociólogo afirma que para evitar esta situación se necesitaría mejorar la percepción sobre la institucionalidad en el país que existe en el extranjero. Esto permitiría atraer inversión de calidad, capaz de transformar la matriz exportadora del país, lo que facilitaría mayores ingresos para que sectores como la ganadería, caficultura y pequeñas empresas, transformen sus sistemas productivos, y por ende, se crearían empleos de calidad.
LO QUE BUSCA EL INVERSIONISTA EN UN PAÍS
La empresa privada reconoce el peso del Estado de Derecho en la atracción de inversión para dar mayor impulso al crecimiento económico del país. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, afirma que si hay un frágil marco institucional y jurídico en el país habrá “menores oportunidades para lograr un trabajo digno: formal, sostenible en el tiempo y con mejores ingresos”.
“La inversión requiere en todo país de seguridad jurídica para sus proyectos empresariales, es decir, contar con reglas claras que les permitan entender que cualquier conflicto o trámite será resuelto en forma imparcial y profesionalmente”, expresa Aguerri.
“La certidumbre institucional de un país es uno de los mayores atractivos a la inversión nacional y extranjera. La falta de institucionalidad crea incertidumbres que van en detrimento del aseguramiento de mejores niveles de inversión”, añade el presidente del Cosep.
En esto coincide el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), Yalí Molina, quien señala: “El Estado de Derecho es simplemente cumplir con las reglas del juego y que exista un juez, que es la Corte Suprema de Justicia, que dirima los conflictos que surjan en cualquier segmento de la sociedad”.
El problema en Nicaragua, precisa, es que “hay mucho incumplimiento de las leyes, de la Constitución”. Los principales árbitros del Estado de Derecho, particularmente la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se han visto envueltos en los últimos años en múltiples casos de corrupción que afectan a toda la columna vertebral del ejercicio de la justicia en el país.
EFECTO EN LA ECONOMÍA
¿Cómo se vincula esto con la economía? “Los inversionistas necesitan tener la percepción y la seguridad de que existe un poder judicial totalmente independiente y apolítico, que cuando tenga un problema le van a aplicar la ley y ellos van a venir a invertir conociendo de antemano cuáles son las reglas del juego, si esas reglas se les cambian en el camino o se las interpretan de una forma diferente como realmente es eso indiscutiblemente genera incertidumbre”, explica Molina.
Óscar René Vargas no está muy convencido del papel que la empresa privada ha jugado en los últimos años en la defensa del Estado de Derecho en Nicaragua. Cree incluso que este sector persigue sus propios intereses económicos y no los de la mayoría. La relación que mantienen con el Gobierno lo compara con un juego de “tablero”, cuyas fichas se mueven según las conveniencias tanto de la empresa privada o el ejecutivo.
Aguerri no está de acuerdo con el cuestionamiento que plantea Vargas y le sugiere revisar la Agenda Cosep 2012, para que se analice la preocupación que han planteado en defensa de la institucionalidad y democracia del país.
“Actualmente somos la única organización de Nicaragua con una campaña pública para elegir funcionarios probos e independientes de posiciones políticas partidarias en los diversos poderes del Estado”, afirma.
Y enfatiza: “Nuestras posiciones las dilucidamos con el Gobierno a través del diálogo, esto no nos hace cómplices de acciones que van en detrimento del Estado de Derecho de nuestro país”.
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