Elízabeth Romero
Un grupo que representa a 340 familias que habitan en lo que llaman la “primera Comunidad Cristiana, Socialista y Solidaria”, en las inmediaciones de Xiloá, denunciaron en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que son víctimas de presiones de un grupo de supuestos desmovilizados que intentan desalojarlos de esos terrenos.
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Según los denunciantes, funcionarios de la Intendencia de la Propiedad y Procuraduría General de la República (PGR), junto a desmovilizados, desconocen “los certificados de cumplimiento”, entregados por el gobierno inconstitucional de Daniel Ortega para que les paguen tres mil dólares para que puedan permanecer en sus terrenos.
El abogado Marcos Aurelio López denunció que a quienes no pueden pagar esta cifra impuesta “con tres pandillas los sacan por las fuerzas, les queman las casitas de plástico y son sacados de la comunidad”.
Hay personas que han abonado hasta dos mil dólares y cuando no pueden seguir pagando las sacan.Adilia Berroterán Palacios denunció que pese a poseer promesa de título de parte del Gobierno han sido acosados por pandilleros, que lanzan morteros contra sus viviendas.
Los denunciantes refirieron que están organizados en los llamados Comités de Liderazgo Sandinista, pero aún así no han sido escuchados por ninguna institución del Estado, ni por el partido oficialista al que han recurrido.
Los afectados denunciaron en la CPDH que llevan diez días en zozobra, pues están amenazados de desalojo.
“(Es) una corrupción horrible la que estamos enfrentando”, dijo Gabriela Mendoza, quien refirió que “estas personas se hacen pasar por organizadores de comunidades para vender, estafar a la gente, estafar al pobre”, refirió la mujer agregando que después de tres años de habitar en esa comunidad carecen de servicios básicos.
Mendoza señaló: “Ellos ahora están metiendo sus narices para desalojarnos, ya que nosotros estamos cubiertos de hermosas montañas que son minas de arena, materiales, hay piedrín, hormigón, de todo hay, entonces esta gente quiere beneficiarse y sacarnos”.
López aseguró que esa propiedad fue confiscada en la década de los ochenta, después se entregó a dos cooperativas que nunca cultivaron la tierra y la vendieron a Donald Spencer, quien hipotecó esos terrenos con el Banco Nicaragüense (Banic), por lo cual pasaron a manos del Estado.
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