Alejandro Serrano S
Si observamos aunque sea de manera general el desarrollo de la historia política de Nicaragua, podremos constatar la presencia recurrente de algunos comportamientos que podríamos llamar característicos de ese acontecer.
Por una parte, la tendencia a la concentración del poder económico, político y militar; la configuración de dominantes liderazgos personales; el culto a la personalidad; la política del “bastón y la zanahoria” para manejar a los opositores; la conformación de grupos constituidos algunas veces como fuerzas de choque para la intimidación y represión; el apoyo popular a sectores marginales y verdaderamente necesitados, beneficiados con ayudas orientadas partidariamente; la ausencia de una verdadera política social; la violación o la manipulación de las leyes y las instituciones; el control sobre los órganos del Estado; la supresión o reducción significativa de la independencia y separación de poderes y del principio de subordinación del poder a la ley; y, en general, la anulación o el deterioro sensible del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática.
Por otra parte, el comportamiento de la oposición se ha caracterizado en no pocas ocasiones por la división entre los diferentes grupos políticos y por la ausencia de una definición de fines y objetivos y, en consecuencia, de un programa, una propuesta y una estrategia.
La ciudadanía no sabe exactamente cuál es el plan de país que propone el Gobierno y la oposición. El debate en la opinión pública y en el ámbito político, está centrado, casi de forma exclusiva, en un posible diálogo que permita llegar a un consenso mediante el cual se nombren a los funcionarios en los diferentes órganos y poderes del Estado y se establezca la representación que la oposición tendría en estas instituciones. De esa manera, se afirma, se superaría la situación de facto en la que se encuentran muchos titulares de esos cargos por habérseles vencido el período que establece la Constitución, se recuperaría la legalidad y legitimidad violentadas y se aportaría, para el caso del Consejo Supremo Electoral, un elemento de mayor seguridad y garantía para las elecciones municipales de noviembre próximo.
Ni el partido de gobierno, ni su respectiva bancada en la Asamblea Nacional, han expresado su punto de vista sobre él particular y todo está referido a los comentarios de la oposición y de la opinión pública quedando la situación, hasta el momento en que escribo estas líneas, en el terreno de la incertidumbre y la especulación, en donde pareciera prevalecer más que la acción política interna, las valoraciones y decisiones internacionales tales como el waiver, la situación de Venezuela, la Unión Europea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. El termómetro va a marcar de acuerdo a la temperatura que se genere, y esta va a depender, en buena parte, del peso que tenga para la cooperación internacional el tema de la legalidad, la legitimidad, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática.
Sin desconocer en ningún momento la importancia que tiene el asunto de los nombramientos en los poderes y órganos del Estado y particularmente en el Consejo Supremo Electoral por la cercanía de las elecciones municipales, ni del valor de las diferentes formas de protesta cívica que sobre el particular se han realizado y continúan realizándose, creo, sin embargo, que si no hay un cambio cualitativo en la teoría y práctica del ejercicio político, Nicaragua continuará en el círculo vicioso en el que ha permanecido, reproduciendo las mismas o muy parecidas situaciones que hemos conocido a través de la historia: la concentración de poder y su ejercicio autoritario, el debilitamiento de la legalidad y la legitimidad, la ausencia de un proyecto de nación, la fragmentación y contradicción de los diferentes grupos políticos y la búsqueda de acuerdos limitados a la distribución de cargos en el aparato del Estado.
Creo que sin descuidar los aspectos puntuales es necesaria la formulación de un proyecto de país sobre la base de una concertación con la participación de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas y sociales. Considero que la participación ciudadana debe partir de un acuerdo sobre dos puntos fundamentales: la definición de los fines y objetivos que se persiguen, y la selección de los medios apropiados para alcanzarlos.
Pienso que los fines y objetivos podrían referirse a la construcción mediante consenso de políticas de salud, educación, empleo, vivienda, construcción de ciudadanía, gobernabilidad democrática, institucionalidad y Estado de Derecho, y los medios a la acción concertada y programada de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones profesionales y gremiales, todo ello dentro de un plan de acción específico, orientado a la consecución de los fines comunes.
Es necesario transformar la acción política de un ejercicio que se agota en lo inmediato, en un plan que busca la realización de objetivos a corto, mediano y largo plazo, y de acuerdo a esos fines, diseñar la estrategia correspondiente. De esa manera podríamos salir de ese punto ciego formado por una práctica coyuntural, ligada únicamente a la distribución de cargos en el Estado y superar esa conducta que ha transformado los medios en fines.
Eso nos permitiría abocarnos a un debate racional y consciente, mediante el cual se puedan diseñar acciones y alcanzar acuerdos que nos permitan construir una sociedad más justa y libre y hacer de la política un ejercicio de todos en busca del bien común.
Jurista, filósofo y escritor nicaragüense.
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