Las recientes reformas a la Ley Electoral no responden a las exigencias de la sentencia de la CIDH sobre el caso Yatama, para que la Ley en sí deje de violar las Convenciones de Derechos Humanos que por Constitución estamos obligados a aplicar.
La sentencia manda a Nicaragua a modificar su Ley Electoral para posibilitar una instancia de apelación judicial, un recurso efectivo a las resoluciones administrativas, con frecuencia arbitrarias, del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Nuestra modificación puede realizarse creando un Tribunal Electoral que tenga facultad de revisar las decisiones del CSE o cambiando la Constitución, aboliendo las funciones jurisdiccionales del TSE, y creando una sala de lo Electoral en la Corte Suprema de Justicia. Esto queda a la voluntad soberana del pueblo de Nicaragua.
Las actuales reformas desatienden las órdenes de la CIDH y las recomendaciones de la Misión de “acompañamiento” electoral de la OEA, a pesar de que Dante Caputo, quien desde los tiempos de Raúl Alfonsín siempre profesó admiración y cariño por “su comandante”, hizo abundantes certificaciones y recomendaciones sin tener, por confesión propia, la oportunidad de observar y por tanto, la capacidad moral para avalar los resultados.
Se obviaron las recomendaciones que la Misión de Observación Electoral de la UE viene haciendo desde hace tres lustros, y no se ha depurado el padrón. Siguen apareciendo muertos que nunca mueren, personas repetidas y peores fallas, errores y hasta delitos que deben depurarse para darle credibilidad al proceso.
Según los Acuerdos Adpic de la OMC y la Ley de Derechos de Autor de Nicaragua, los gobiernos no están facultados para obtener Derechos de Autor y, la Ley de Acceso a la Información tampoco faculta al CSE a restringir la información pública tal como los datos censales y las bases de datos de ciudadanos.
El régimen apuesta a la pragmática tolerancia de la Comunidad Internacional ante el comunismo del siglo XXI en China, y a la benigna y paciente negligencia con los déspotas de Siria, Egipto, Yemen, Túnez y Libia, por un lado y a la generosidad del socialismo oscurantista bolivariano del siglo XIV, por el otro.
China adquirió tolerancia interna ante un crecimiento económico sostenido del 10 por ciento anual, nivel al que no se acerca Nicaragua a pesar de la entrega de la conducción de la economía nacional al neoliberalismo institucionalizado.
El régimen considera que su apego al combate al narcotráfico servirá para mantenerlo en el lado positivo de una administración norteamericana que, salvo por esporádicos saludos a la bandera, parece haber abandonado todas las causas de su política exterior, sosteniendo el combate al narcotráfico, al crimen organizado y a la trata de personas como su único objetivo y, en nuestro caso, canalizando la ayuda por el Comando Sur y no por AID. Eso minimizaría los efectos de no contar con el waiver de transparencia.
La tolerancia del Congreso norteamericano con China es bipartidista; la tolerancia hacia Nicaragua no cuenta con la aprobación republicana. Analizando la respuesta de la señora Clinton al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el waiver de propiedad también podría estar en peligro. Este tiene consecuencias más serias, ya que obliga a EE. UU. a votar en contra de Nicaragua en las instituciones financieras internacionales.
Necesitamos una reforma profunda a la Ley Electoral y esta debe partir de los nicaragüenses. Pero Nicaragua debe cumplir con sus compromisos soberanamente adquiridos en materia de democracia y derechos humanos, comenzando por su deuda con Yatama.
El autor fue canciller de Nicaragua.
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