Hjalmar Ruiz Tückler (*)
Un objetivo fundamental de política pública en el sector de las telecomunicaciones es la transparencia en los acuerdos comerciales internacionales y/o nacionales, particularmente en los acuerdos de interconexión. Aunque por regla general la protección de la confidencialidad de los contratos entre empresas en un mercado abierto reviste suma importancia, la interconexión con un operador establecido dominante se considera una excepción en este sentido.
El tratamiento confidencial de los acuerdos de interconexión daría a los operadores establecidos la oportunidad de poner en práctica estrategias para frustrar las iniciativas de sus competidores. Por ejemplo, esos operadores podrían concertar acuerdos de interconexión confidenciales que incluyesen condiciones de interconexión adversas para sus competidores y favorables para sus empresas afiliadas. Asimismo, dichos operadores podrían limitar la funcionalidad de los tipos de interconexión ofrecidos, cobrar tarifas excesivamente altas y aplicar otras estrategias para limitar la competencia.
La transparencia de los acuerdos de interconexión es muy eficaz para impedir conductas desleales estratégicas por parte de operadores dominantes. Es más fácil para las instituciones reguladoras detectar y corregir tales conductas si los acuerdos de interconexión son públicos. La publicación de esos acuerdos hace más fácil también que los entes reguladores y las empresas del sector comparen tarifas y condiciones. La transparencia ayuda, por otra parte, a definir normas y parámetros de telecomunicaciones, así como las mejores prácticas operacionales y administrativas.
Los países que están en el ámbito de la OMC requieren la publicación de ofertas de interconexión de referencia o modelos de contratos de interconexión. Para promover aún más la transparencia, algunos organismos reguladores llevan registros públicos de los contratos de interconexión o exigen la publicación de estos por parte de los operadores. En algunos casos, los acuerdos de interconexión se ponen a disposición del público en general, mediante la implementación de las leyes de acceso a la información pública.
Cuando los acuerdos de interconexión se hacen públicos, cabe la posibilidad de recurrir a varios mecanismos para proteger la información comercial confidencial. Por ejemplo, la legislación en muchos países obliga al organismo regulador a llevar un registro de los acuerdos de interconexión. No obstante y a petición de los interesados, el organismo regulador puede ordenar que ciertas partes de un acuerdo se inscriban en una sección confidencial del registro. En tales casos, es obligatorio poner a disposición del público un resumen de las partes confidenciales del acuerdo. En otros, los nuevos operadores que negocian la interconexión, tienen acceso irrestricto a los textos de los contratos previamente suscritos.
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