BOGOTÁ/AFP
El defensor del Pueblo de Colombia (ombusdman), Vólmar Pérez, denunció el secuestro de una periodista y una ingeniera al servicio de la filial colombiana de una empresa canadiense, en hechos ocurridos en el conflictivo departamento (provincia) de Arauca (este).
Según Pérez, citado en un comunicado, los hechos se produjeron el martes en el municipio de Saravena (Arauca), “cuando hombres vestidos de civil se llevaron de sus viviendas” a la periodista de la emisora Sarare FM Elida Parra y a la ingeniera ambiental Gina Uribe, contratista de la compañía de proyectos de ingeniería Itansuca.
“Al rechazar la privación de la libertad de las señoras Elida Parra y Gina Uribe, el Defensor del Pueblo insta a los grupos armados ilegales a respetar el derecho a la libertad individual de los pobladores y a proceder a la inmediata liberación de las dos mujeres” colombianas, agregó el funcionario.
Entre tanto, la organización Reporteros Sin Frontera (RSF), en un comunicado difundido este miércoles, recordó que la presencia de los grupos armados ilegales “hace de Arauca una región peligrosa para todos los periodistas”.
RSF pidió a las autoridades “movilizarse al máximo” para encontrar a la periodista Parra, quien, agregó el comunicado, “en 2008 ya había denunciado haber recibido amenazas por parte de grupos paramilitares”.
Tanto Parra como Uribe trabajaban para el oleoducto Bicentenario a través de firmas contratistas, la primera con la consultora local Concol y la segunda con la colombiana Itansuca, propiedad de la canadiense SNC Lavalin Group.
El oleoducto Bicentenario es construido por la estatal petrolera colombiana Ecopetrol en sociedad con seis compañías extranjeras. Tendrá un costo de cerca de 4.200 millones de dólares y transportará el crudo desde el centro-este hasta el noroeste del país.
Arauca, una importante zona petrolera, es además una de las regiones doinde es más intenso el conflicto armado interno, con fuerte presencia de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las más antiguas del país andino, y de grupos de paramilitares de extrema derecha.
En las últimas dos semanas las organizaciones guerrilleras han acentuado sus ataques contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, el principal del país, afectando a poblaciones de cinco municipios del departamento, especialmente porque el crudo ha contaminado las aguas de los afluentes que sirven a los acueductos de la zona.
Igualmente, según el Defensor del Pueblo, los insurgentes han obstruido las vías, instalado artefactos explosivos en las carreteras, ubicado retenes ilegales e incinerado varios vehículos de carga, además de atacar instalaciones militares y amenazar a las compañías que trabajan para el oleoducto.