Se veía venir. Era de esperar que en algún momento ocurriera: el gobierno de Evo Morales comenzó a aplicar la ley “contra el racismo y toda forma de discriminación” para restringir la libertad de expresión, coartar el derecho a informarse de los bolivianos y perseguir e intimidar a la prensa y a los periodistas, que fue precisamente uno de los propósitos para la sanción de esa norma (octubre del 2010), según lo denunciaron y lo anticiparon reiteradamente organizaciones de defensa de la libertad de prensa y de los DD. HH.
Tres medios —los periódicos El Diario y Página 7 y la Agencia de Noticias Fides (ANF)— fueron demandados judicialmente por el Gobierno (qué respetuosos de los poderes que son) acusados de haber violado esa ley y atentar contra el orden público.
La ley, y su reglamentación, es muy pulcra y “clarita” y castiga “las expresiones deliberadas y sistemáticas, consistentes en manifestaciones verbales o escritas, con el propósito de dañar la dignidad de determinada persona o grupo por motivos racistas o discriminatorios”. Sirve para todo, y sobre todo, “bien aplicada por jueces obedientes” es lo más útil para acallar a opositores y críticos, e incluso a los que simplemente no son oficialistas.
¿Qué pasa si un diario informa de un acto de un grupo nazi, o da cuenta de un atentado de corte racista? Esta pregunta le fue formulada, cuando la sanción de la ley ya era un hecho, a la presidente de la Comisión Legislativa donde se redactó la norma, quien afirmó que el diario pasaba “a ser parte” del hecho y por lo tanto se le aplicaba la ley.
¿Y algo de eso fue lo que ocurrió ahora?
No; estos medios solo informaron sobre un discurso de Evo Morales, en el que el mandatario comparó a los ciudadanos del altiplano, donde tiene su electorado más fuerte, con los del “oriente” del país, donde la oposición tiene mayoría, y dijo que estos últimos eran unos “flojos”. Eso fue lo que informó la prensa y por supuesto se oyeron voces de protesta por la discriminación que hacía el presidente respecto a los ciudadanos de su país. Protestas similares a las que también ha habido cuando el presidente y sus simpatizantes han discriminado contra las mujeres, o cuando la Policía por orden del gobierno ha reprimido manifestaciones pacíficas de minusválidos o las referidas a la polémica carretera amazónica que atraviesa la reserva natural de Tipnis, la que en acto inconsulto con los indígenas que pueblan esa región y en clara violación de la propia constitución Evo lleva adelante contra viento y marea para favorecer a los “cocaleros” —que son sus amigos y su mayor apoyo— y atendiendo los intereses de una inversora brasileña.
La prensa boliviana ha informado sobre todo eso, lo que hacía lógico esperar que, según el criterio del Gobierno sobre cómo se aplica la ley, en algún momento la iban a acusar de racismo y discriminación. Acusar a los medios, por supuesto por haber “tergiversado” lo que hizo o dijo el mandamás bolivariano, como efectivamente ha ocurrido en este caso de ahora.
Tanto el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organizaciones que ya en su momento cuestionaron esta ley, han levantado su protesta por este acto concreto de censura a la prensa y de intimidación y hostigamiento para generar autocensura.
Hasta aquí los últimos hechos relativos a la libertad de prensa en la Bolivia de Evo Morales. El autor es periodista uruguayo, director del semanario Búsqueda.
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