Río de Janeiro/EFE
El consorcio constructor de Belo Monte, la polémica hidroeléctrica que Brasil levanta en medio de la Amazonía, anunció la suspensión provisional de las obras por motivos de seguridad tras supuestos actos vandálicos registrados en los dos últimos días.
El consorcio informó en un comunicado de prensa que paralizó las obras en todos los frentes de trabajo al menos este lunes para preservar la integridad física de sus cerca de 12.000 trabajadores tras los ataques ocurridos el sábado y domingo que dejaron siete heridos y diferentes instalaciones destruidas.
Los ataques ocurrieron en Belo Monte, Canais e Diques y Pimentel, como son conocidos los tres frentes de trabajo de la que será tercera mayor hidroeléctrica del mundo y fueron perpetrados por grupos de cerca de veinte encapuchados en cada local, según el comunicado.
“En una acción orquestada fueron depredadas instalaciones de los comedores, alojamientos, áreas de descanso, talleres y oficinas.
En el Sitio Belo Monte los depredadores se apoderaron de camiones y otros equipos y bloquearon la carretera Transamazónica, con lo que impidieron el acceso a los frentes de trabajo e imposibilitaron la evacuación de los empleados que estaban en los alojamientos”, asegura la nota.
Igualmente, fueron incendiados un autobús, un restaurante, tiendas de campaña y colchones, asegura la empresa.
El Consorcio Constructor de Belo Monte (CCBM) informó que denunció oficialmente los actos de violencia y vandalismo ante los órganos de seguridad para que los responsables sean identificados y sancionados.
El consorcio había divulgado un primer comunicado en el que denunció el ataque el pasado sábado de 30 encapuchados armados con mazos de madera en el frente de trabajo de Sitio Pimentel, en donde se construye una pequeña presa provisional para desviar las aguas del río Xingú.
Según la empresa, los ataques ocurren en medio de las negociaciones con los sindicatos para definir el nuevo acuerdo colectivo de trabajo que pasará a regir a finales de este año y que incluye cláusulas sobre el reajuste salarial y la contratación de más empleados el próximo año.
El consorcio prevé que la obra llegará a su auge en 2013 cuando necesitará de cerca de 23.000 trabajadores. Entre otras reivindicaciones, los trabajadores piden autorización para ir a visitar a sus familias cada tres meses en lugar de los actuales seis y que sea triplicada la actual ayuda para la alimentación.
Los atacantes impidieron el sábado una asamblea en Sitio Pimentel en la que los trabajadores decidirían sobre la propuesta de la empresa para el nuevo acuerdo colectivo y destruyeron instalaciones y objetos como computadores, mesas, sillas y archivos, además de incendiar una cocina.
La empresa acusó igualmente a los “vándalos” de saquear los productos que estaban en una farmacia y un restaurante y de hurtar el dinero que estaba en las cajas registradoras.
La nueva suspensión de la obra se produjo luego de que una protesta de indios y pescadores paralizara durante diez días a comienzos de octubre las obras en uno de los frentes de trabajo.
Belo Monte, cuyas obras también han sido paralizadas en otras ocasiones por decisiones judiciales, comenzó a ser construida en marzo del año pasado en la localidad de Altamira, en el estado amazónico de Pará.
Al proyecto, que alcanzará el máximo de 11.233 megavatios de generación eléctrica en las épocas de mayor crecida del río Xingú, se oponen las tribus indígenas y los movimientos ecologistas, que alegan que la obra tendrá un impacto irreversible en la Amazonía.