En los medios de comunicación colombianos se percibe la división en el país sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Para muchas personalidades y sectores sociales el presidente Santos debe cumplir la sentencia. Para otros, aunque trago amargo de difícil ingestión, no les quedará más opción que acatarla aunque los hechos parezcan simbolizar lo contrario.
Colombia enfrenta tres grandes desafíos en esta coyuntura. En primer lugar, alcanzar la paz con la guerrilla garantizando perdón y participación política de gente que ha secuestrado, robado y asesinado, además de meterse de lleno en las actividades criminales del narcotráfico. En segundo lugar, satisfacer las demandas de tierras y reparación de daños a los campesinos y toda una serie de aquiescencias que surjan a medida que el proceso de paz avance. Por último, aceptar el fallo de La Haya que reintegra a Nicaragua una vasta proporción de su plataforma marítima en el Caribe. Ambos temas están dividiendo a los colombianos porque gran parte de lo sociedad no está de acuerdo con las concesiones a la guerrilla y gran parte también no se logra reponer del golpe que ha significado perder el mar.
Deberá pasar un periodo de transición para normalizar las cosas en nuestra costa Caribe porque estamos saliendo de una prolongada ocupación económica-naval, lo que obliga a tomar acciones en muchos aspectos ante las inquietantes posiciones erráticas del Gobierno y de la clase política colombianas.
Algo que deberían proponer las instituciones políticas y sociales de este país a la Asamblea Nacional es declarar el 19 de noviembre como día nacional, con la misma trascendencia del Día de la Independencia, para ir creando conciencia nacional sobre nuestra realidad.
Los expertos en el mundo entero coinciden en que Colombia debe acatar el fallo y que toda la parafernalia que está montando ese gobierno está dirigida a calmar los ánimos de sectores enardecidos, especialmente en la región de San Andrés, donde hay alrededor de 700 barcos que pescan en aguas que no les pertenecen. ¿Se podrá resolver este conflicto de manera pacífica entre los gobiernos de Colombia y Nicaragua?
Si queremos ser pragmáticos tenemos que admitir que aunque por el momento no tenemos la capacidad suficiente para impedir que barcos colombianos pesquen en nuestras aguas, estamos en capacidad de exigir que cualquier embarcación que lo haga pague por hacerlo. No debiéramos prohibirles que pesquen, pero hay que cobrar por ello como lo establecen todas las legislaciones pesqueras en muchos países. Este principio hay que regularlo tan pronto sea posible, aunque simultáneamente deberíamos buscar flotas pesqueras extranjeras como la española, por ejemplo, que vengan a faenar en esas aguas con licencia de las autoridades nicaragüenses previo establecimiento de un sistema tarifario. Esto tendría varias ventajas: primero, estaríamos ejerciendo nuestro dominio en una práctica para que se vuelva consuetudinaria. Segundo mantendríamos “habitado” nuestro espacio marítimo y tercero se podrían dedicar fondos para desarrollar la Costa Atlántica de Nicaragua.
Parte de esos recursos también deberían destinarse a mejorar y ampliar nuestra marina de guerra con nuevas escuelas y más inversión en naves y pertrechos. Esto no solo para proteger nuestra integridad territorial sino también para combatir al narcotráfico procedente de Colombia. EL AUTOR ES ACADÉMICO Y EXEMBAJADOR ANTE COLOMBIA EN DOS OPORTUNIDADES.
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