Moisés Martínez
Ciudadanos miembros de diversas organizaciones civiles acompañaron a un grupo de abogados que interpusieron una denuncia en la Contraloría General de la República en contra de las autoridades de la Dirección General de Aduanas, por las irregularidades que se dieron en febrero del 2009, cuando familiares del magistrado electoral de facto, Roberto Rivas Reyes, introdujeron 14 vehículos de lujo sin pagar los impuestos de importación correspondientes con el valor comercial de los automotores.
La denuncia ciudadana se basó en la serie de reportes de investigación publicados por el Diario LA PRENSA durante esta semana, en los que se reveló que a la esposa y tres hijos del magistrado de facto les hicieron una reducción de hasta un poco más de cinco millones de córdobas en la introducción de los 14 vehículos, cuyo valor total de acuerdo con su precio de mercado era de 418 mil dólares en el 2009. La denuncia fue recibida por la responsable de la oficina de Denuncia Ciudadana de la Contraloría, Erika Martínez, quien les aseguró a los ciudadanos que se tramitaría de acuerdo con los procesos legales establecidos. Ni la Aduana ni el magistrado electoral Roberto Rivas se han pronunciado sobre las revelaciones de LA PRENSA.
Este mismo grupo de ciudadanos y miembros de los denominados Abogados Democráticos fue el que hace un par de días interpuso una denuncia en el Ministerio Público en contra de los 92 diputados de la Asamblea Nacional, argumentando que los legisladores no han cumplido con los deberes para los que fueron electos.
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