Washington/EFE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició sendas causas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por presunta violación de estos derechos fundamentales en Honduras y Panamá, informó este jueves en un comunicado.
La causa iniciada contra Panamá responde, según la CIDH, al “incumplimiento” por parte del Estado panameño de “su obligación” de proveer a los pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano de “un procedimiento adecuado y efectivo para el acceso a su territorio ancestral”.
Además, el comunicado del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) también denuncia que no se haya obtenido una respuesta “frente a las múltiples denuncias de injerencias por parte de terceros en los territorios y recursos naturales” de estos grupos indígenas.
“Desde la perspectiva del derecho a la igualdad y no discriminación, la secuencia de violaciones cometidas en perjuicio de estos dos pueblos indígenas constituyen una manifestación de discriminación”, indicó la CIDH.
El caso se envió a la CorteIDH el 26 de febrero de 2013 porque la comisión consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en su informe de fondo sobre el caso, en el que instó a concluir “prontamente” el proceso de formalización, delimitación y demarcación física de los territorios de estos dos pueblos.
Por otra parte, la causa iniciada contra Honduras también responde a cuestiones territoriales, en este caso por la “omisión de protección”, a juicio de la CIDH, del territorio ancestral de la comunidad de Triunfo de la Cruz “frente a la ocupación y despojo por parte de terceros”.
Esto ha provocado y mantenido a la comunidad en una “situación de conflicto permanente por las acciones de terceros” en su territorio, según la CIDH.
A eso se suma la venta de tierras comunitarias por parte de autoridades estatales, que constituyó “una afectación del territorio ancestral” y dio lugar a “presiones, amenazas, e incluso el asesinato y detención de líderes y autoridades comunitarias”.
El caso de Honduras se envió a la CorteIDH el 21 de febrero de 2013 porque el Estado “no informó” a la Comisión sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en su informe de fondo sobre el caso.
En ese informe se abogaba por adoptar “las medidas necesarias” para hacer efectivo el derecho de propiedad comunal y la posesión de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz.