LIMA/AFP
Los expresidentes de Perú, Alejandro Toledo y Alan García, enfrentan esta semana denuncias de enriquecimiento ilícito, que atribuyen a maniobras políticas de sus enemigos para frustrar sus eventuales candidaturas presidenciales en 2016, mientras desde la cárcel Alberto Fujimori reclama su liberación con un indulto humanitario.
Las acusaciones contra Toledo y García se basan, en ambos casos, en compras millonarias de viviendas que han despertado las sospechas de autoridades sobre presunto enriquecimiento ilícito.
El más reciente escándalo surgió esta semana cuando una investigación de prensa involucró a Toledo en las adquisiciones que hizo su suegra Eva Fernenbug, de 86 años y nacionalidad belga, de una casa y una oficina por un monto global de cinco millones de dólares, efectuadas entre julio y setiembre del año pasado.
Las acusaciones a uno y otro candidato “tienen un claro aroma preelectoral” a tres años de las elecciones presidenciales, opinó a la AFP el analista político Luis Benavente, de la Universidad de Lima, quien estimó que “se está adelantando en exceso la campaña electoral”.
“En pocos días se cuestiona a probables candidatos para el 2016 y al margen de si son ciertas las acusaciones, estas se producen en momentos en que está clara la intención del gobierno de lanzar a Nadine Heredia, esposa del presidente Ollanta Humala, como candidato presidencial”, dijo.
“Lo que se hace es perjudicar eventuales (candidatos) cuando emerge la aspiración de Heredia, que no tengo dudas en que será candidata”, añadió Benavente.
En respuesta a las acusaciones Toledo se defendió este martes y anunció que autorizará que le levanten el secreto bancario para colaborar con la fiscalía que el lunes abrió una investigación preliminar sobre el caso.
“Mis bolsillos están limpios, voy a retornar a Lima lo antes posible para declarar ante la Fiscalía de la Nación”, dijo desde Estados Unidos, donde es profesor en la Universidad de Stanford.
Toledo, un político de centroderecha que gobernó Perú entre 2001 y 2006, dijo ser víctima de un “linchamiento mediático” y señaló que hay motivaciones políticas que atribuyó a miembros del partido del expresidente Alberto Fujimori, a quienes calificó como sus “enemigos declarados” que buscan afectar su carrera política.
El exmandatario aseveró que las compras de su suegra fueron “absolutamente legales” a través del sistema financiero con un préstamo bancario, señalando que sólo posee una casa en Lima y otra en la Playa Punta Sal (norte), desde antes de ser presidente.
En el caso de García, quien gobernó Perú dos veces (1985-1990 y 2006-2011), el Fiscal de la Nación, José Peláez, ordenó a inicios de mes levantar su secreto bancario y tributario por haber presentado información insuficiente sobre la compra a principios de año de una mansión en un barrio exclusivo de Lima, por 830,000 dólares.
Socialdemócrata de centro, García también fue denunciado en abril por haber concedido en su segundo gobierno indulto a 5,500 presos, entre ellos 400 narcotraficantes, un hecho considerado “grave” por el gobierno de Humala.
El exgobernante, que es investigado por una comisión del Congreso por presuntos actos de corrupción en su gestión, acusa al gobierno de Humala de intentar anularlo políticamente con el fin de preparar el camino a la candidatura presidencial de la Primera Dama.
García sostiene que el propósito del gobierno es mantenerse en el poder más allá del año 2016 a través de lo que define como una “reelección conyugal”.
Esa postura es compartida por los partidarios de Fujimori, quienes ven en la esposa de Humala un peligro para las aspiraciones de Keiko Fujimori, la hija mayor del encarcelado exmandatario, segura candidata para el 2016.
En medio de las denuncias contra expresidentes, los cuatro hijos de Fujimori, que purga una condena de 25 años de cárcel por violación de derechos humanos, despliegan una campaña mediática para disuadir a Humala que le conceda un indulto humanitario por un supuesto mal cancerígeno en la lengua, y alegan que su vida corre peligro en prisión.
Un informe médico sobre su salud debe ser entregado en las próximas semanas a Humala, quien en un plazo no determinado deberá decidir si concede o no el indulto.