AFP
Representantes del pueblo mapuche de Chile pidieron este jueves a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordene al Estado la derogación de la ley antiterrorista, que aseguran ha sido usada de manera discriminatoria contra miembros de esa etnia originaria.
“Se solicita la derogación de la actual ley antiterrorista y la sustitución por una ley que sea acorde al derecho internacional (…), los derechos humanos en lo procesal y en lo sustantivo”, demandaron los abogados de líderes y activistas de la etnia mapuche, condenados y encarcelados entre 2002 y 2004 sobre la base de la ley antiterrorista chilena.
También demandaron la investigación y sanción a los agentes del Estado, fiscales, jueces y personal del Ministerio del Interior que intervinieron en dichos procesos.
En materia de reparaciones, pidieron la creación de un fondo autogestionado de educación para niños mapuches, para “la reconstrucción y transmisión del conocimiento ancestral” de estas comunidades, así como la restitución de tierras comunales.
Entre 2002 y 2004, una decena de mapuches, entre ellos dos “lonkos” (jefes espirituales y políticos de comunidades indígenas) fueron juzgados y condenados a penas de entre 5 y 10 años de prisión por el incendio de un predio forestal y otros hechos menores, aplicándoles la ley antiterrorista.
En los dos días de audiencias ante la Corte IDH, los representantes de las víctimas y del Estado chileno ofrecieron testimonios y declaraciones de expertos para fundamentar sus alegatos
Las organizaciones humanitarias que representaron a las víctimas defendieron la tesis de que el uso de la ley antiterrorista para aplicar a los mapuches configura un “patrón de persecución penal discriminatoria”, el cual quedaría probado por el hecho de que, de las 21 condenas por terrorismo desde 2002, 11 corresponden a miembros de esa etnia.
También se quejaron por el uso en tales procesos de testigos sin rostro o de identidad reservada, lo cual, a su juicio, “constituye una afectación muy grave al derecho de defensa”.
Los demandantes aseguran que esta aplicación sesgada de la ley se da en el contexto de las luchas que los mapuches libraron a partir del retorno de la democracia en 1990, por la recuperación de tierras ancestrales y el logro de otros derechos sociales.
Por su parte, los representantes del Estado fundamentaron su defensa en que la ley antiterrorista experimentó modificaciones sustanciales en 2010, que la adecuaron a los estándares internacionales.
El embajador de Chile en San José, Miguel Angel González, hizo además un recuento de acciones que el Estado chileno ha venido adoptando en reconocimiento de los derechos del pueblo mapuche.
El diplomático mencionó, entre estas medidas, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas y tribales.
Las autoridades, aseguró González, desarrollan negociaciones con representantes de las comunidades mapuches sobre el mecanismo de consulta a los pueblos aborígenes que prevé ese convenio.
También ha impulsado la educación bilingüe, la recuperación de tierras y la construcción de viviendas, lo cual refleja que no existe un ánimo discriminatorio en contra del pueblo mapuche, aseveró el embajador.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), entrará ahora en una etapa de análisis de las pruebas orales y documentales del caso para emitir una sentencia en los próximos meses.