Martha Vásquez
Con el propósito de terminar con el hacinamiento en las cárceles policiales y los distintos sistemas penitenciarios, ayer se graduaron 67 estudiantes de Derecho en Legislación Penitenciaria con énfasis en la Fase de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria.
Este grupo de estudiantes realizará el trámite de libertad de forma gratuita a unos 700 reos que cumplan con los requisitos para optar a una libertad condicional o por extinción de la pena, explicó el magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los casos es el de Emeretio Salomón Urbina Orozco, de 85 años, quien padece enfermedades crónicas y tiene pena de tres años.
A este reo la juez de ejecución de Matagalpa le concedió la libertad condicional en mayo del 2012, y giró su respectiva orden de libertad.
A la fecha, el hombre sigue en el sistema penitenciario.
“No tengo dinero para seguir pagando abogado y he metido cartas en Gobernación para que me entreguen a mi papá, porque está bien mal de salud”, dijo Petronila Urbina, su hija.
Precisamente este es el tipo de casos que los estudiantes deben tramitar, cada uno en el departamento de donde es originario, dijo Aguilar durante el acto de clausura del curso de especialización.
Según datos oficiales, la población penal de Nicaragua es superior a los 9,000 privados de libertad.
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