Carlos Sánchez
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha expedido una resolución argumentando “que el 2 de julio de 2013, el avión presidencial FAB-001 que trasladaba a Evo Morales se vio forzado a aterrizar de emergencia en Viena, Austria, por la cancelación, denegación o demora de las autorizaciones previamente emitidas de sobrevuelo y aterrizaje en los espacios aéreos de Francia, Portugal, Italia y España”.
Agregando que “el secretario general de la Organización, de manera oportuna, mediante comunicado de prensa ha expresado su profunda molestia ante la decisión de las autoridades de varios países europeos que impidieron el uso del espacio aéreo del avión que transportaba desde Moscú hasta La Paz al presidente Evo Morales y al mismo tiempo solicitó a los países involucrados las razones por las cuales tomaron esta decisión, particularmente porque ello puso en riesgo la vida del primer mandatario de un país miembro de la OEA”.
Con tales consideraciones resuelven: “Expresar la solidaridad de los Estados Miembros”; “condenar las actuaciones que violan las normas y principio del derecho internacional, como la inviolabilidad de los jefes de estado” y “hacer un firme llamado a los gobiernos de Francia, Portugal, Italia y España para que brinden explicaciones necesarias Así como las disculpas correspondientes”.
El embajador de España ha declarado que esta resolución “ya estaba hecha antes de la reunión del Consejo Permanente” en la que no ha tenido ninguna oportunidad de hacer valer la explicación de su país sobre el incidente. El embajador de Italia, en tono indignado ha reclamado, que se ha tomado por cierta la versión del denunciante y se ha emitido condena contra su país sin derecho a explicación ni defensa alguna.
Canadá ha discrepado expresando “en este caso existen interpretaciones conflictivas” y que además “el supuesto otorgamiento o cancelación de la autorización para sobrevolar un territorio es una cuestión bilateral independiente de la cuestión relativa a los privilegios e inmunidades de los jefes de estado”. Estados Unidos ha anotado que “los hechos pertinentes al incidente en cuestión no son claros y son objeto de informes conflictivos” de donde “resulta inadecuado que esta Organización haga declaraciones sobre estos en este momento”.
Resultado, el socialismo del siglo XXI ha usado nuevamente la OEA como instrumento político, esta vez para favorecer la imagen de su socio Evo Morales, forzando la competencia del Consejo Permanente que solo ha ratificado la comunicación pública previa del secretario Insulza. Considerando como verdadera y aceptando la descripción de los hechos realizada por Evo Morales y su gobierno, ha decidido “condenar” las actuaciones de Francia, Portugal, Italia y España, cuyas versiones de los hechos y argumentos ni se mencionan. La OEA se ha convertido de pronto en acusador y juez de estos cuatro países europeos a los que ha condenado “sin derecho de defensa”, sin derecho a investigación alguna, “sin presunción de inocencia (buena fe en el ámbito de las relaciones internacionales), sin imparcialidad, y con argumentos jurídicos forzados.
Condenar quiere decir pronunciar sentencia emitiendo un fallo, es reprobar o forzar a alguien a hacer algo penoso. Por eso la decisión política de la OEA está marcada por la ilegalidad y la prepotencia que hará más daño que bien a los actores que con el argumento de la “inviolabilidad de los jefes de Estado”, han aceptado una denuncia, sin investigación ni valoración alguna.
Esta actuación de la OEA de Insulza es la prueba de lo que venimos denunciando, es simplemente similar a las acciones de los fiscales y jueces de los países sin democracia del socialismo del siglo XXI como Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, donde opositores, empresarios, dirigentes sindicales, indígenas, cívicos y ciudadanos en general, son acusados y condenados solamente con la versión y según el interés político del Gobierno.
¡Y sorpresa! En la primera página del Diario Las Américas, Insulza “asegura que desconoce el fondo de lo que provocó el incidente”. ¡Solo la OEA de Insulza puede hacer una resolución de condena sin conocer la causa del asunto! Sirve esto para que los gobiernos europeos dejen de llamar democracias a los países con perseguidos, presos y exiliados políticos de América Latina.
©FIRMAS PRESS El autor es abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy.
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