Por Amalia del Cid
“Gustavo” era un carro del año 93. Bastante viejo y gris. Un Hyundai Excel, “como los que andan los taxistas en Managua”, cuenta Daniela Mora, su dueña. El cacharrito no valía más de 1,200 dólares, pero era muy bueno y la sacaba de apuros desde que su hermana se lo heredó. Estuvieron juntos durante tres años, hasta la madrugada del pasado 22 de junio, cuando “Gustavo” fue robado junto con otros seis vehículos, frente a unos cincuenta oficiales de la Policía Nacional.
Lo único que tenía de “Gustavo” era el nombre, en honor (nadie recuerda por qué) al cantante argentino Gustavo Cerati. Daniela lo llevó a todas las vigilias de muchachos que apoyaban a los ancianos que la mañana del lunes 17 de junio se tomaron el edificio del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en la capital, para exigir al Estado una pensión reducida de vejez. En el último de los plantones, el carro “desapareció” durante un ataque de turbas encapuchadas que llegaron en camiones de la Alcaldía de Managua.
Daniela interpuso la denuncia en el Distrito II y Asuntos Internos de la Policía. También en la Fiscalía. Dejó sus números telefónicos, por si alguien podía darle noticias de “Gustavo” o al menos informarle del avance de las investigaciones; pero hasta hoy, casi dos meses después del robo, nadie la ha llamado.
“Nunca tuve esperanzas de recuperarlo. Puse la denuncia porque es un paso que se tiene que cumplir para tener una certificación”, dice. “Estaba clara de que el carro no iba a aparecer. Es una táctica del Gobierno y la Policía. Si aparecía, era admitir que el robo sí sucedió”.
Los siete vehículos robados suman más de 77 mil dólares; es decir, casi dos millones de córdobas. Un robo demasiado grande para no hacer ruido. En el sitio web YouTube hay vídeos del momento en que los carros son arrastrados y desmantelados por decenas de hombres, algunos encapuchados, otros con camisetas de la Juventud Sandinista. Son esos vídeos que, según el comunicado que la Policía emitió el 25 de junio, reflejan hechos que “no ocurrieron en nuestro país” y tampoco fueron realizados por sus agentes.
La única respuesta ha sido el silencio y comentarios evasivos, como los que suelta el comisionado mayor Fernando Borge, jefe de Relaciones Públicas de la Policía, cuando se le hace la pregunta incómoda: “¿Cómo van las investigaciones?”
En la segunda semana de julio, el fiscal de la República, Julio Centeno Gómez, dejó en manos de la Policía la labor de investigar los delitos del 22 de junio, tras señalar las “limitaciones materiales” de la Fiscalía.
A finales de ese mismo mes, la primera comisionada Aminta Granera, directora de facto de la Policía, cambió las reglas. Dijo que era al Ministerio Público a quien correspondía pronunciarse sobre las investigaciones alrededor de las denuncias por lesiones y robo que 14 jóvenes interpusieron ante la Fiscalía el 28 de junio.
Trabas para el Seguro
Otro de los vehículos “desaparecidos” pertenece al periodista Jorge Hurtado. Era un Suzuki Celerio año 2011. Lo tenía desde el 3 de febrero del 2012, recuerda la fecha porque ese día asistió a un concierto, pero no quería moverse del estacionamiento para que el carro no se quedara solo. No era para menos. Ese automóvil era el sucesor de un Mitsubishi celeste año 89, al que los amigos de Jorge apodaron “El Cabo”, porque andaba “Gracias a Dios” y solo cuando quería.
“Siempre lo quise cambiar. Al final pude sacar uno nuevo y ya no me quedaba tirado en la calle, no tenía que empujar ni me mojaba ni me ahogaba de calor. Uno andaba como lo merecía, por lo que lográs con tu trabajo”, cuenta. Y luego habla de esa madrugada en la que oyó gritos, golpes, motores y disparos.
Aunque en su denuncia Zelaya declaró que su presencia en las cercanías del plantón no estaba vinculada con la protesta, su caso se metió en un solo paquete, junto con los otros seis. Desde entonces nadie le ha dicho cómo van las investigaciones ni le dan el informe que necesita presentar a la compañía de seguros.
Su carro cuesta 10,490 dólares. Y en caso de que el seguro responda, él todavía tendría que pagar unos 400, calcula. Por ahora, después de tanto sacrificio, volvió a andar a pie y cada día sale a tomar un bus, a las 4:00 de la mañana.
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Escuchó todo desde el baño externo de un edificio, refugio que compartió con un señor, una anciana que rezaba en voz alta, dos adolescentes y una joven muy nerviosa. Estuvieron encerrados mientras pasaba el ataque de las turbas del Gobierno. En esos minutos infinitos, Jorge no pensó en su carro. Solo le preocupaba la posibilidad de que los encapuchados los encontraran y los golpearan, como estaban haciendo con los muchachos que acorralaron en la calle.
Ahora sí piensa en el vehículo y sobre todo en la deuda que le quedó. No ha pagado ni la mitad de lo que vale el Suzuki Celerio. Y en caso de que la empresa aseguradora responda por “pérdidas totales”, solo cubriría un 70 por ciento, lo que significa que él seguiría entregando cuotas por unos dos años más, explica. Ese es el mejor escenario. El peor, y hasta ahora el más real, es que ni siquiera pueda recurrir al Seguro porque la Policía no le ha querido entregar una constancia que pide la compañía.
En la misma situación están los dueños de los otros vehículos robados. Carlos Villanueva ha ido al menos nueve veces a pedir el informe; Isaac Zelaya marca tres veces todos los días el número telefónico que le dieron en la Policía; a la familia de Fátima Elizondo nadie le da una respuesta y a Andrés Chamorro ya ni lo atienden cuando llama por teléfono. Él introdujo su denuncia el propio 22 de junio. Dos días después, tras hacerlo esperar varias horas, la firmó la comisionada mayor Magdalena González, apunta.
“El que les nieguen ese servicio policial, el certificado para trámite del Seguro, tiene un mensaje. La Policía quiere hacer como si no existieron los hechos. Si entregan el certificado, eso significa que se ha robado el vehículo ¿y quiénes lo han robado? Fuerzas orteguistas que actuaron como paramilitares”, señala Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Para él, un esclarecimiento a fondo implica que la Policía se investigue a sí misma, pues por acción y omisión participó en el delito.
Las pérdidas
Acababan de apagar el equipo de sonido, a eso de las 4:15 de la madrugada del sábado 22 de junio, después de sonar mucha cumbia para que los ancianos bailaran. Los muchachos del movimiento #OcupaINSS platicaban entre ellos y con los viejitos, acostados sobre sábanas colocadas en el pavimento.
Más de algún anciano habló de los duros años de la guerra, hubo uno que contó cómo perdió a su familia y otro que se quejó de que sus hijos borrachos no le pasaban “ni un peso”. Fue entonces que escucharon un grito: “¡Al piso!”, recuerda Jorge Hurtado.
Por la calle que va hacia la rotonda ahora bautizada Hugo Chávez, un muchacho corría en dirección al plantón. Era el joven que había estado garantizando que los vehículos no se desviaran por esa ruta. “¡Al piso!”, repitió. Y se tiró al suelo. “Detrás de él venía una nube de gente”, narra Jorge. “Traían palos, garrotes, venían encapuchados”.
Él corrió hacia un callejón. Otros jóvenes buscaron refugio junto a la fila de policías que bloqueaba la entrada del callejón que conduce al edificio del INSS. “La Policía nos empujó, nos pateó. (Las turbas) me llevaron ahí por el cementerio, a cinco nos pusieron boca abajo y nos dijeron que teníamos diez segundos para correr”, dice Carlos Villanueva, estudiante universitario.
Cuando las turbas lo arrastraban —cuenta— vio que alguien estaba sentado en el asiento del copiloto de la camioneta Nissan Navara año 2013 que sus padres le regalaron en octubre del año pasado. Fue una inversión a largo plazo, dice. El vehículo costó 29 mil dólares.
Otra víctima fue Andrés Chamorro, hijo del periodista Carlos Fernando Chamorro. Le robaron una Toyota Fortuner. “Además de despojarme de mi celular, billetera, faja, camisa y zapatos, los atacantes, con camisetas blancas alusivas al partido sandinista, también me robaron las llaves del carro. Luego un compañero me dijo que había visto cómo varios de los atacantes se montaron y salieron manejando la camioneta. Nunca pensé que un simple acto de solidaridad con los adultos mayores iba a desencadenar tal represión a los ojos de la Policía Nacional”, comenta.
Las turbas también se llevaron el microbús rojo marca Volkswagen, año 83, que manejaba Fátima Elizondo; el Suzuki Alto blanco, año 2013, de Isaac Zelaya y el Toyota Yaris de un joven que por su seguridad personal pidió se omitiera su nombre.
Esa madrugada también se “perdieron” cuatro motos, 27 celulares, 25 billeteras, nueve cámaras digitales, tres computadoras, tres relojes, dos guitarras, un equipo de sonido y un cajón peruano. “Se la ganaron a las pandillas de los barrios más peligrosos de Managua”, resume Gonzalo Carrión.
“Crimen de Estado”
Aunque las obliga el Código Procesal Penal, a dos meses de un robo público, ni la Policía ni la Fiscalía presentan resultados contundentes, ni siquiera avances de la investigación. Y no lo hacen porque lo que ocurrió el 22 de junio fue un “crimen de Estado”, subraya Carrión.
La Policía, explica el abogado, se enfrenta a un gran lío: hacer aparecer siete vehículos que fueron robados en presencia y con la participación de oficiales. Por si fuera poco, con orientaciones de la jefatura de Managua, la Alcaldía y el partido de Gobierno.
La ley se aplica al enemigo y no al “compañero”, afirma Carrión, para quien la violencia del 22 de junio ocurrió gracias “a que tenemos la Policía que tenemos”. Una que “se subordina” y “actúa como cómplice” de grupos paramilitares. Una que dice: “Estos son delincuentes, pero son nuestros delincuentes”.
Por su parte, Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), considera que “esta Policía que tenemos ya perdió el profesionalismo. Para unos casos sí actúa con eficiencia y prontitud; pero cuando la ciudadanía está reclamando sus derechos o está protestando por alguna violación a la Constitución, es muy efectiva en reprimirla. Solo garantiza seguridad ciudadana a los simpatizantes del Gobierno y esa es una violación a la misma ley de la Policía”.
Ambos, Carrión y Carmona, consideran que la denuncia de los delitos ocurridos el 22 de enero debe llevarse a instancias internacionales.
Mientras tanto, los dueños de los vehículos robados continuarán insistiendo. “¿Cómo es posible que la Policía resuelva asesinatos en dos días —y salga Aminta Granera hablando como si fuera la mejor Policía del mundo— y no puede encontrar siete vehículos, teniendo vídeos y fotografías?”, cuestiona Jody Elizondo, padre de Fátima Elizondo, entrenador de atletismo y antiguo secretario técnico de la Comisión Nacional de Deportes.
El microbús rojo que le robaron a su hija le sirvió incontables veces para trasladar a sus deportistas. Y afirma que no descansará hasta que le den una respuesta. “Hasta que me den mi microbús o me digan: Dejá de molestar que ya le pegamos fuego”, asegura.
Le han comentado que el 22 de junio su vehículo y los otros fueron llevados al edificio del INSS —testigos afirman que el cordón policial se abrió para dar paso a los carros— y al día siguiente fueron trasladados con grúa a la Dirección de Auxilio Judicial. Pero no es seguro. En el caso de los siete carros “desaparecidos” solo hay dos certezas: existen (o al menos existieron) y seguramente no se los tragó la tierra.
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