GLORIA PICÓN/LUCYDALIA BACA
La iniciativa de reforma a la Ley 431, Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito, que contempla de seis meses a un año de cárcel y una multa de 2,500 córdobas para conductores en estado de ebriedad, podría variar y quedar en penas morales como ir a barrer la vía pública.
Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Paz y Gobernación de la Asamblea Nacional, explicó que están contemplando sanciones morales como retener la licencia y no volver a otorgarla hasta que no haya rehabilitación alcohólica demostrada.
Dicha rehabilitación deberá ser demostrada con un certificado de grupos de alcohólicos anónimos.
Los infractores por ebriedad podrían barrer las calles en lugares visibles, sin orden del juez.
“En casos en que se conduzca en estado total de ebriedad, no solo hay un incremento de la multa, si no que estamos contemplando que se pongan a la orden del juez, que se echen presos, y van a tener unas sanciones mucho más fuertes que una multa”, afirmó.
Granera dijo a periodistas estar inclinada por la cárcel para los conductores ebrios, de modo que tengan “sanciones mucho más fuertes que una multa”, para desalentar el consumo excesivo del licor.
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“Puede cambiar lo de la cárcel, porque estamos valorando la rehabilitación, el tema no es tanto la multa, sino un compromiso en conjunto, más educativo, de apreciar la vida. Las estadísticas señalan que son los jóvenes los que beben más, hacen competencias de quién bebe más y luego van a manejar y ahí son los accidentes, hay que incidir en las campañas juveniles”, dijo Rodríguez.
ANALIZAN PROPUESTAS
El parlamentario explicó que el dictamen de la ley podría estar listo a inicios de octubre. Señaló que están analizando las propuestas de cada una de las instituciones consultadas, entre las cuales las cooperativas de transporte han pedido transparencia policial, ya que en muchos casos los policías de tránsito se ubican en lugares ocultos “como cazadores” lo que hace que algunas veces se cometan malas maniobras que pueden causar accidentes.
Marvin Altamirano, presidente de los transportistas de carga pesada, dijo que propusieron que las multas que no tienen que ver con manejo en estado de ebriedad o que atentan contra la vida, sean analizadas conforme a la realidad socioeconómica del país. “La ley debe ser en lugar de recaudadora, educadora. En delitos que ponen en riesgo la vida estamos de acuerdo en que se duplique o triplique”, expresó.
En cuanto a grabar con impuestos al alcohol, el presidente de la comisión explicó que aún lo tiene que consultar con el Ministerio de Hacienda, la empresa privada y otros sectores para ver la viabilidad del mismo, pero que él y los miembros de su bancada están contemplando dicha propuesta para que esos fondos sean destinados a una campaña de educación dirigida a reducir los niveles de accidentalidad.
ESTIMULARÁ CONTRABANDO
Para el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, imponer un nuevo impuesto “no va a hacer que la gente deje de tomar o de fumar”, sino a estimular el contrabando de estos productos.
“La realidad es que lo que este tipo de sector necesita son campañas educativas, campañas de prevención que eviten un consumo no responsable. Desde el punto de vista impositivo, un nuevo impuesto lo que puede generar es contrabando y exponer a estas personas al consumo de productos que no sean seguros para la salud”, señaló Aguerri.
A BAYARDO ARCE “NO LE PARECE MUY FELIZ”
Por su parte, el asesor para asuntos económicos de la Presidencia, Bayardo Arce Castaño, dijo que la idea del nuevo impuesto “a mí no me parece muy feliz”, porque este año hay una caída en la recaudación del impuesto que pagan los licores y las cervezas por los altos precios.
Según Arce, aunque “la gente diga que siempre se bebe, lo cual es cierto, el problema es que cambian los niveles de consumo. El que bebe whisky se baja a ron y el que bebe ron se baja a aguardiente y el del aguardiente se baja a lija y eso genera menos impuesto”, manifestó.
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