Ludy Prado Mayorga
Las inquietudes manifestadas por diversos sectores de la sociedad en torno a las posibles consecuencias ambientales que traería la construcción del Canal Interoceánico que pretende unir el Atlántico con el Pacífico de Nicaragua, además de otros subproyectos reflejados en la Ley 840, a muchos les puede sonar como un discurso de moda que se opone y sataniza cualquier proyecto de orden económico, o bien, expresiones vacías que se fundamentan sobre bases pesimistas que obstaculizan el “progreso” del país, y por consiguiente, la mejoría de las condiciones sociales y económicas de los nicaragüenses.
Y no falta quien catalogue tales preocupaciones como una fachada que esconde el simple y banal propósito de desacreditar todo aquello propuesto por el Gobierno. Si bien puede darse el caso que por detrás de una supuesta inquietud ambiental se oculten algunas de esas motivaciones, no se puede ignorar que muchas de las personas que han manifestado su opinión tienen una preocupación genuina por lo que acontece con el medioambiente, así como por el uso de los recursos naturales.
Esas opiniones no derivan de seres abstractos o encapsulados dentro de ecosistemas con privilegios ambientales diferentes de los nuestros. Al contrario, proceden de personas con un nivel mayor de conciencia sobre la importancia del medioambiente para la supervivencia no solo de las actuales sino también de las futuras generaciones, así como del derecho de todos de disfrutar de un medioambiente ecológicamente equilibrado, tomando en cuenta que un ambiente saludable traerá una mejor calidad de vida, requisito básico para la existencia digna del ser humano.
Un proyecto de tal magnitud, como es la construcción del Canal Interoceánico, implica, además de las lesiones a los derechos de propiedad, la afectación de reservas de agua, bosques, humedales, entre otros componentes de la naturaleza. Por consiguiente, los recursos naturales que se están comprometiendo y las degradaciones ambientales debe ser una preocupación de todos, teniendo en consideración que el medioambiente es un bien difuso que le pertenece a la colectividad, cuya protección y defensa debe ser de interés general por el mero hecho que se depende de ese bien para la manutención de la vida.
Las aparentes ventajas competitivas que se presentan como alicientes para la construcción de este Canal, no pueden ser consideradas sin la correspondiente valoración de los costos ambientales involucrados para la ejecución de dicha obra. Nicaragua debe prestar atención sobre la forma en que se gestionan sus recursos naturales, de tal manera que el crecimiento económico no signifique la pérdida irrecuperable de su patrimonio natural, recordando que toda política económica debe ser basada, sobre el concepto de desarrollo sostenible, que implica la conciliación entre las necesidades sociales y económicas del ser humano con la necesidad de preservar el medioambiente, respetando la capacidad de soporte de los ecosistemas.
Por ser el medioambiente de interés público, todo proyecto que pueda ocasionar daños ambientales irreversibles y que afecte el derecho a una vida saludable, legitima a la población a ejercer su derecho de manifestarse por las posibles lesiones causadas a su capital más preciado: el natural.
Ningún proyecto que afecte bienes de interés público —como es el medioambiente— puede denominarse como “privado”, siendo que las afectaciones a dichos bienes no se limitan a un determinado sector, al contrario, amenazan el bienestar no solo de una nación, sino de la especie humana.
Finalmente, no puedo dejar de expresar admiración por todas esas personas comprometidas y conscientes de que la protección ambiental debe ser parte de toda estrategia, proyecto y/o política económica. Esas personas son elementos indispensables para lograr cambios reales en el sistema, contribuyen con la protección de nuestros recursos y nos recuerdan incesantemente que lo deseable en el momento no puede ir en contra de lo ecológicamente posible, y que la pérdida del capital natural será un costo soportado no solo por la generación actual, sino que también será heredado a las futuras generaciones.
La autora es Abogada. estudia una maestría en Derecho Ambiental en la Universidad del Estado del Amazonas-Brasil.