Roy Moncada
El argumento de confidencialidad entre la empresa MPeso y los transportistas, no aplica en este caso y el Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma) debe dar explicaciones del “amarre” del negocio con las tarjetas electrónicas, coinciden expertos consultados por LA PRENSA.
“Ha habido reuniones prácticamente diarias evaluando precisamente los avances de cada una de las exigencias”, comentó Moreno, ayer.
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Dayra Valle Orozco, investigadora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y Agustín Jarquín Anaya, excontralor general de la República, coinciden en que por estar de por medio el Estado, los usuarios y un servicio público, se debió realizar un procedimiento de competencia para encontrar a la empresa apropiada que administrara el pago del pasaje, ofreciendo el menor costo por el servicio y que garantizara calidad.
Las reacciones de Valle y Jarquín, son después que Haroldo Montealegre Sansón, gerente de país MPeso, dijo que los transportistas eligieron a su empresa por ofrecer un mejor precio, contrario a propuestas de empresas estadounidenses, italianas y mexicanas.
Desde inicios de este año, cuando se anunció que los 835 buses de la capital cobrarían el pasaje exclusivamente de forma electrónica, se le preguntó a los transportistas que firmaron con MPeso, que si hubo licitación. Fueron claros al decir que no hubo, porque fue un contrato entre privados. Según ellos, no fue necesario.
Sin embargo, Valle explica que es una excusa (el contrato entre privados) que no tiene sustento porque no hay que perder de vista que es para brindar un servicio público, es decir, que involucra al Estado y por tanto se debe licitar, según la Ley de Contrataciones Administrativas, Ley 737.
“El transporte es de interés público, está regulado por un ente del Estado (Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua), entonces aunque sea una relación entre privados, ellos deberían de explicar”, añadió la investigadora del IEEPP.
Para el excontralor general de la República, si quisiera el Irtramma, bien puede sancionar a los transportistas por hacer “charanga” con la concesión que el Estado les da por veinte años, es decir, por concederle 15 años de control a una empresa que ha demostrado ineficiencia.
“Ellos (MPeso) están captando recursos que son del público porque todos los costos que la empresa tiene se los está trasladando a los usuarios, ¿a los transportistas, quiénes les pagan?, los usuarios y con el subsidio que le da el Estado (obtenido de los impuestos)”, analizó Jarquín Anaya.
Agregó que MPeso “tiene que informar de sus finanzas, ese convenio que dicen que hay, una clausura de confidencialidad eso no lo pueden hacer, la Ley de Acceso a la Información Pública está por encima de esto. La Contraloría tiene que ver esto”.
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