Managua/ACAN-EFE
Las reformas a la Seguridad Social de Nicaragua serán establecidas en un consenso, el cual saldrá de las propuestas del gobierno, empresa privada y trabajadores, afirmó hoy el asesor para asuntos económicos de la Presidencia, Bayardo Arce.
“Las reformas (a la Seguridad Social) van a ser producto del consenso. El compromiso es que esto sea consultado con las bases, no sea una reacción de cúpula nada más”, dijo a periodistas Arce.
El Ejecutivo presentó el miércoles pasado a la patronal una propuesta con siete puntos para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social al menos hasta 2036.
Entre otros, se comprometió a pagar 2 % anual de la deuda del Estado con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), estimada entre 580 y 600 millones de dólares, es decir saldarla en un plazo de 50 años.
También elevar de 16 al 19 % la cuota patronal, aumentar el techo del salario mínimo cotizable, y que las pensiones mínimas sean calculadas de acuerdo al alza del salario promedio en vez del aumento del promedio del salario mínimo.
Asimismo, crear una suerte de sistema de pensión privada, generar empleos con cobertura de Seguridad Social permanente, ajustar las fórmulas de las nuevas pensiones, y que los tres sectores asuman parte de la responsabilidad.
“Les dijimos (a empresarios y trabajadores) que discutan y traigan posiciones que nos permitan que la medida, que es de una enorme trascendencia para el país, nos permita salvar la seguridad social por los próximos 20 años”, expresó Arce.
La empresa privada anunció que se tomaría 30 días a partir del 2 de octubre para dar una respuesta.
Los trabajadores, representados en las federaciones sindicales más grandes del país y afines al gobierno, emitieron propuestas similares a las del Ejecutivo.
La propuesta del gobierno mantiene la edad de jubilación en 60 años, las semanas mínimas de cotización en 750, y el aporte al INSS por parte de los trabajadores en el 6.25 % de los salarios.
Al ser consultado porque el Ejecutivo propuso fijar un porcentaje (6.25 %) de la deducción a los asalariados de la clase media y baja, no así a los sectores más pudientes a quienes se les mantendría una especie de cuota fija, Arce no dio una respuesta.
“Son reacciones de unos señores que se dicen especialistas”, se limitó a decir.
El gobierno propuso aumentar el salario máximo cotizable desde los 37,500 córdobas actuales (1,498 dólares) a 72,464 córdobas (2,896 dólares), es decir, que todo el que gane menos de 2,896 dólares, al cambio actual, deberá aportar el 6.25 % de su salario a la seguridad social, como el resto de asalariados.
Actualmente todo aquel que gana desde los 37,500 córdobas (1,498 dólares) para arriba paga una especie de cuota fija, que no necesariamente es el 6.25 % de su salario, sino 2,344.88 córdobas (unos 93.7 dólares).
Por tanto, la propuesta del Ejecutivo no afectaría a los altos funcionarios públicos ni trabajadores con salarios mayores a los 2,896 dólares al mes. Si no se toman medidas, el INSS podría quebrar en el año 2021, según cálculos oficiales.