Gisella Canales Ewest
Las cifras son preocupantes: solo cuarenta de cada cien personas de más de 65 años tienen una pensión en América Latina y de estos el 60 por ciento recibe menos de 10 dólares diarios. Actualmente apenas cuatro de cada diez trabajadores cotizan a algún sistema previsional en algún momento, lo que indica que a futuro seguirán siendo pocas las personas que tendrán una pensión. Los aproximadamente cuarenta millones de adultos mayores que había en la región en 2010 se multiplicarán a 140 millones en 2050, y si no hay reformas en los países entre 66 y 83 millones de estas personas no habrá ahorrado lo necesario para recibir una pensión adecuada.
Como si esto fuera poco, según proyecciones demográficas el número de personas en edad de trabajar (de 15 a 64 años) por cada adulto mayor pasará de 9.6 hoy a 3.2 en 2050, o sea que habrá menos personas para sostener la carga.
Esta es la realidad que refleja el libro Mejores pensiones, mejores trabajos: hacia la cobertura universal en América Latina y el Caribe, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que fue presentada ayer.
Solo esto —indica el especialista— permitiría aprovechar el período que resta del bono demográfico y arribar a la fase de envejecimiento avanzado de la población —en unas tres décadas más— en mejores condiciones.
“También es la única opción que permitiría que la cobertura del INSS se ampliará en base a un creciente empleo de mejor calidad, y no en base a empleos formales que devenguen ingresos como los de los cotizantes actuales, que son tan bajos que determinan que si sus pensiones se calculasen bajo la fórmula actual, en su mayoría quedarían con pensiones inferiores al salario mínimo”, reitera Acevedo.
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El documento explica que aunque en términos generales es en promedio el 40 por ciento de la población de adultos mayores la que tiene una pensión contributiva (aportó a ella a través de un impuesto a la nómina), el porcentaje varía en cada país. En Nicaragua ronda el 20 por ciento.
En Latinoamérica además hay un 20 por ciento de la población de adultos mayores que disfruta de una pensión no contributiva (es decir, una pensión a la que no aportaron directamente, sino que contribuyeron todos a través de impuestos generales). “El resto de los adultos mayores tiene que trabajar hasta edades muy avanzadas o confiar en las familias para su sustento”, señala el estudio del BID.
PREOCUPA EL ENVEJECIMIENTO
Aunque actualmente la población en América Latina y el Caribe es joven, “está envejeciendo rápidamente”. “Mientras que en 2010 el porcentaje de adultos mayores de 65 años apenas representaba el 6.8 por ciento de la población, las proyecciones señalan que en 2050 ese grupo etario será equivalente al 19.8 por ciento del total de habitantes de la región”, indica el documento.
Esto hace que la región se plantee desde ya el reto de “proporcionar un ingreso digno y suficiente a los millones de adultos mayores que se jubilarán en las próximas décadas”. El problema es que la estructura con la que se cuenta para afrontar este desafío es frágil, valora el informe.
¿QUÉ HAY QUE HACER?
En América Latina es un porcentaje reducido de los trabajadores con salarios medios y bajos los que cotizan regularmente a los sistemas previsionales.
Si se quiere avanzar hacia la cobertura universal “es crucial que se modifique este equilibrio, aumentando los beneficios y/o reduciendo los costos de cumplir con la formalidad para trabajadores y empresas”, indica el documento, que en general sugiere hacer reformas estructurales basadas en una apuesta “decidida” por la creación de más trabajo formal para los jóvenes de hoy y de mañana.
“Ello supone evaluar no solo las contribuciones al sistema pensional, sino también los costos asociados a la legislación laboral (salud, seguros, despido, salarios mínimos, registro), así como también otras regulaciones (por ejemplo, fitosanitarias y ambientales). Y, lo que es igual de importante, se precisa reducir los beneficios de ser informal, revisando los beneficios que se otorgan con la condición de no haber ahorrado en el sistema de pensiones”, recomienda.
Son básicamente cuatro los puntos a aplicar, según plantea el estudio del BID: Establecer una pensión antipobreza no contributiva para todos los ciudadanos; crear mecanismos de estímulo al empleo formal; la incorporación gradual de los colectivos de trabajadores no asalariados a la seguridad social, y avanzar en la fiscalización, información y educación financiera.
Durante la presentación del libro el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, destacó que fomentar el trabajo formal es clave para garantizar un sistema sostenible de pensiones. “Creemos que una reforma de pensiones que impulse la creación de empleo formal no solo tendría impacto sobre la productividad, sino que también fomentaría la inversión en infraestructuras y en el capital humano de la región”, afirmó Moreno, según divulgó el BID mediante un comunicado.
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