Rezaye Álvarez M.
La decisión de Costa Rica de reiniciar los trabajos en la trocha fronteriza, es para el excanciller Norman Caldera una “afrenta” de parte del vecino país, hacia la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Esto porque la CIJ “dio fe de una declaración unilateral de Costa Rica comprometiéndose a no reiniciar los trabajos de reconstrucción de la carretera, sino hasta finales del 2014 cuando ya hubiera pasado la sentencia definitiva de la Corte sobre el tema”, afirmó Caldera.
Basado en esa declaración unilateral, según Caldera, Costa Rica está obligada a esperar a que la Corte decida.
Sin embargo, el mismo viernes que la CIJ rechazó las medidas cautelares, la presidenta tica Laura Chinchilla anunció que para mayo de 2014 la Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería SA (Cacisa) empezaría obras en los primeros 45 kilómetros de la trocha.
Hace tres semanas, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que colocará nuevos puentes modulares (de metal) en algunas partes de la trocha, esto a raíz del colapso de esta vía que fue construida sin planos ni estudios ambientales en medio del conflicto fronterizo con Nicaragua.
El ministro de Transporte, Pedro Castro, informó que a través de la Comisión Nacional de Emergencias comprarán cuatro o cinco puentes modulares para instalarlos en sitios de la carretera donde son factibles.
DAÑOS POR LA TROCHA
En el informe presentado por una comisión Ad Hoc conformada por el Centro Humboldt, Centro para la Investigación de los Recursos Acuáticos (CIRA-UNAN) y Fundación del Río, en diciembre de 2012, se evidenció que la trocha tica incrementó “sensiblemente” el aporte de sedimentos al río San Juan.
De continuar los trabajos, Costa Rica empeoraría esos daños ambientales en las aguas nicaragüenses del río San Juan.
Pastora aseguró que no van a permitir que el río San Juan se convierta en “un lodazal”, y que para evitarlo se van a emplear 15 o 20 dragas si es necesario.
Solo durante el 2012, producto de los trabajos de dragado, el Gobierno estimó que se lograron sacar del lecho del río unos 480 mil metros cúbicos de sedimentos.
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Según Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt, el aumento de los sedimentos acumulados por la carretera haría más fuerte la barrera para que irrumpa la conectividad biológica de los sistemas de áreas protegidas y del corredor mesoamericano.
Esto producirá el deterioro en el ecosistema acuático, y en el caso de algunas especies de peces, que son poco tolerantes a ese tipo de ecosistemas, provocaría la migración de ellos, haciendo menos diversa la fauna acuática en el San Juan.
Además, con la acumulación de lodo se dificultaría la navegación, a como ya se ha evidenciado desde 1868, cuando el naturalista inglés Thomas Belt vivió en Nicaragua y realizó recorridos por la zona y que luego narró en su libro El naturalista en Nicaragua .
Como parte de las conclusiones del estudio “Valoración del impacto ambiental causado por la construcción de la Ruta 1856-Juan Rafael Mora Porras en la parte baja de la cuenca del río San Juan”, el impacto de la carretera a la biodiversidad no solo se cuantifica basado en la longitud de los 120 kilómetros de tramos a la orilla del río San Juan, sino también en los 12.7 kilómetros donde pasa la carretera sobre el bosque, en las 35 hectáreas de bosque afectado, las 300 hectáreas de suelo expuesto, además de los 39 puntos críticos identificados in situ, expone el informe.
Para Salvador Montenegro, director del CIRA-UNAN, “es importante enfatizar que la situación que estamos viviendo de litigio sobre el impacto ambiental, causado desde territorio tico a aguas nicaragüenses, no puede verse de una forma puntual y solo en relación con la carretera, porque si bien es cierto es un impacto importante, es solo la punta del témpano del daño que se ha causado desde el lado costarricense a aguas nicaragüenses”.
DAÑO A AMBOS LADOS
Según Montenegro, Costa Rica ha venido cometiendo una agresión ambiental sistemática, no solo a través de la trocha en disputa, sino también con la cantidad de sedimentos que sus ríos depositan en el San Juan.
Datos del estudio “Prioridades de política e inversión para reducir la degradación ambiental de la cuenca del lago de Nicaragua (2013)”, financiado por el Banco Mundial, la subcuenca que drena al gran lago Cocibolca recibe 18 millones de toneladas anuales de sedimentos, de las cuales unos 13 millones proceden de territorio costarricense.
Montenegro aseguró que “la razón nos asiste, tanto en la situación de la construcción de la carretera, como en la enorme agresión ambiental que tiene siglos y que consiste en descargar en aguas nicaragüenses tóxicos, desechos y venenos de un área extremadamente maltratada, que es el norte del territorio tico”.
Sin embargo, como efecto boomerang, los tóxicos que depositan a través de los tributarios, como el río San Carlos y Sarapiquí, regresan a territorio tico, a través del río Colorado una vez que casi el 90 por ciento de las aguas del San Juan, a la altura del delta, pasan a la barra del Colorado.
El río San Carlos aporta 5,500 toneladas de lodo por día, mientras que el Sarapiquí agrega otras 4,500 toneladas de sedimento diarias.
Montenegro afirmó que con la carretera Costa Rica busca potenciar el desarrollo de la agricultura destructiva, y posibilitar la exploración a las concesiones de gas y petróleo ubicadas en la zona norte del país.
GOBIERNO CONOCÍA LAS EVIDENCIAS
Tanto Campos como Montenegro remarcaron que los estudios sobre el impacto de la carretera se hicieron llegar a las autoridades nicaragüenses.
En diciembre de 2012, cuando la comisión Ad Hoc concluyó el informe, este fue enviado a la Presidencia, Cancillería, Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) y a la Secretaría de Políticas Públicas.
No obstante, solo la titular del Marena, Juana Argeñal, acusó de recibido.
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