Tania Sirias
Antes de reformar la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, lo correcto era analizar si dicha legislación estaba cumpliendo a cabalidad con su función de proteger a las víctimas de violencia, pero ese objetivo no se está cumpliendo, opinó el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica (Upoli), Oscar Castillo.
Sin embargo expresó que esto implicaría “una mayor asignación presupuestaria”.
“En los países avanzados existen fondos de los estados para darle algún tipo de asistencia a las víctimas de violencia sexual, a las mujeres, a los niños, pero esto debe discutirse en la Corte y sea hablado por el poder ejecutivo”, dijo Solís.
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“Lo que hay es un abandono a la mujer por parte del Estado. Ella queda prácticamente sola. Los juicios se retardan, algunas pasan hasta cuatro meses esperando que un juez dé un fallo y para que se castigue al agresor”, lamentó el jurista.
Castillo analizó que el sistema judicial de nuestro país está más enfocado en la justicia penal, en aumentar las penas para castigar el delito y crear juzgados especiales, pero no se están abordando las políticas públicas.
“Se enfocaron en penalizar el femicidio y la violencia intrafamiliar, que era uno de los pasos que se requería, pero se olvidaron de dar atención a las víctimas y promover la Ley”, dijo Castillo.
El jurista lamentó que existe una falta de formación, información, sensibilización y sobre todo de atención a la víctima de violencia desde el Estado.
EDUCACIÓN DE GÉNERO
Dentro del tema de las políticas públicas, a criterio de Castillo, tampoco se ha incluido el tema de género en las escuelas y universidades para generar conciencia social sobre el tema.
“La Ley establecía que se iban a preparar una serie de medidas informativas, para que se tomara conciencia sobre el peligro de la violencia”, dijo el jurista.
Para Castillo es necesario que el poder judicial realice una campaña a nivel nacional, en la que se informe a la mujer sobre su derecho a denunciar la violencia y los abusos y así evitar más muertes.
Sobre la solicitud de las organización de mujeres de integrar la Comisión Institucional del poder judicial, Castillo opinó que deben ser tomadas en cuenta, dado que ello fortalecería las políticas públicas en torno al tema en debate.
“Es necesario atender a las víctimas de la violencia luego de la denuncia, ya que siempre queda el estrés en el hogar, y eso lo contempla la Ley”, concluyó Castillo.
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