La meta de este año para los adultos mayores es conseguir la gratuidad en el servicio de transporte urbano colectivo, uno de los beneficios que estipula la Ley 720, Ley del Adulto Mayor, aprobada en 2010, pero que hasta ahora no se ha cumplido.
“Nos preparamos para gestionar su aplicación. Vamos a impulsarlo como asociación, así como logramos la pensión reducida. Solo con una presión bien organizada que se puede llegar a alcanzar algo”, expresó Porfirio García, presidente de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM).
Pero García reconoce que más allá de mostrar el músculo de esta organización, tratan de analizar propuestas prácticas y realistas para el cumplimiento de la ley.
Prescindir de una tarjeta de transporte y hacer uso del carnet de jubilado es para ellos una de las alternativas para hacer valer este derecho. “Antes, el Gobierno debe sentarse con los transportistas, valorar el mecanismo para que esto funcione, si por medio de subsidio en efectivo o en combustible”.
Miguel Álvarez, presidente de la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Independiente (Urecootrain), aseguró que a las autoridades de transporte nunca les han mencionado el tema, por lo tanto no tienen información al respecto.
ETERNA ESPERA
Para que este y otros beneficios de la Ley 720 sean posibles primero se debe conformar la Comisión Nacional del Adulto Mayor (Conam) y se deben otorgar los carnés de identificación de los jubilados para gozar de los beneficios.
Donald Castillo, secretario nacional de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (Fiapam-Nicaragua), se queja de la falta de interés y gestión de las autoridades para atender sus demandas. “Hay falta de voluntad política y de apoyo. Desde el 2010 solicitamos una reunión con las entidades para conformar a Conam, pero nos han dado largas en el asunto”.
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