El viernes de la semana pasada, el gobierno del inconstitucional presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se comprometió en Ginebra, Suiza, a aceptar 144 recomendaciones sobre respeto a los derechos humanos.
Una de esas recomendaciones planteadas por representantes de los países que participaron en la decimonovena sesión del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su segunda evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), es la de “asegurar que los casos de agentes de Policía acusados de no proteger a los manifestantes sean plenamente investigados y que los responsables sean llevados ante la justicia”. Esto se refiere, obviamente, a los casos en los que la Policía dejó en indefensión a ciudadanos pacíficos que fueron agredidos por fuerzas de choque oficialistas, como el de #OcupaINSS ocurrido en junio del año pasado. Y se refiere también a las agresiones directas de la Policía contra manifestantes cívicos, como ocurrió en Nueva Guinea en noviembre de 2012, cuando incluso algunas mujeres fueron detenidas y sometidas a manoseos indecorosos por parte de agentes policiales.
Otra de las 144 recomendaciones importantes sobre derechos humanos que fueron presentadas en Ginebra y aceptadas por la representación gubernamental de Nicaragua, es la de que se deben “tomar medidas eficaces para proteger la libertad de prensa (y) promover el pleno ejercicio del derecho a la libertad de información…”
Pero aunque para guardar las apariencias el Gobierno de Nicaragua acepta formalmente esas recomendaciones, en la práctica no las acata. Así fue confirmado anteayer cuando la Policía reprimió violentamente a un grupo de comerciantes que protestaban frente a la Dirección General de Aduanas. Los comerciantes usaron en su protesta los métodos que ha practicado y oficializado el FSLN, de trancar las calles e impedir la circulación de vehículos, disparar morteros, cantar canciones revolucionarias y gritar consignas sandinistas, creyendo al parecer que de esa manera serían atendidos por la dirección de Aduanas y respetados por la Policía. Pero aún así la fuerza policial no anduvo con contemplaciones y los reprimió brutalmente.
Además, a la Policía no le pareció suficiente reprimir a los comerciantes, entre ellos numerosas mujeres, a pesar de que se identificaron como simpatizantes de un Gobierno cínicamente autollamado “cristiano, socialista y solidario”. También agredió cobardemente a dos mujeres periodistas de LA PRENSA que cumplían su trabajo y ejercían su derecho de informar. Izayana Martínez, reportera multimedia de Noticias LPTV (La Prensa Televisión), y Lucía Navas, redactora de informaciones económicas, fueron víctimas de la agresión policial, incluso de mujeres policías, que impidieron la libertad de informar y atropellaron groseramente los derechos humanos personales de las periodistas ultrajadas.
Al agradecer las expresiones de solidaridad con las periodistas Martínez y Navas, víctimas de esta nueva agresión orteguista contra la libertad de expresión y de información, LA PRENSA denuncia la hipocresía de un Gobierno que se presenta ante organismos internacionales como respetuoso de los derechos humanos, en particular los de género, pero agrede a mujeres indefensas y viola sus derechos humanos fundamentales.
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