Las relaciones de la Iglesia católica de Nicaragua con el actual gobierno de Daniel Ortega, nunca han sido fáciles. No lo fueron en su mandato constitucional, de 2007 a 2012, y tampoco lo han sido en el corriente periodo, que es ilegítimo e inconstitucional porque la Constitución le prohibía reelegirse por segunda vez.
En este nuevo gobierno de Ortega, sus relaciones con la Iglesia no han sido tan tormentosas como durante la dictadura sandinista de los años ochenta, que San Juan Pablo II calificara como “la noche oscura de Nicaragua”. Ahora, esa relación ha sido también muy espinosa, pero sin llegar a los extremos de los ochenta.
Desde que Ortega con ayuda liberal recuperó el poder presidencial en 2007, la Iglesia católica tuvo problemas con los subsidios a las escuelas parroquiales y la tramitación de las donaciones externas. Después que los obispos se pronunciaron contra el fraude electoral en los comicios municipales de noviembre de 2008, la Iglesia fue víctima de una monstruosa difamación contra algunos obispos y sacerdotes, mediante un panfleto publicado en un medio electrónico oficialista. También Ortega ofendió gravemente a la Iglesia católica, al manipular políticamente imágenes sagradas y anunciar que la concentración política por el 32 aniversario de la revolución sandinista, el 19 de julio de 2011, era una “misa revolucionaria”. Y en este recuento, que está lejos de ser exhaustivo, no se puede omitir el “misterioso” asesinato del sacerdote Marlon Pupiro, en agosto de 2011.
La Iglesia ha soportado todos esos ultrajes con mansedumbre cristiana, pero al mismo tiempo ha denunciado con claridad y energía los múltiples agravios del orteguismo a la nación, incluyendo el socavamiento de la institucionalidad democrática de la República para imponer y consolidar una nueva dictadura. Y de manera invariable los obispos han promovido el diálogo, no en favor de sus propios asuntos sino por el bien nacional.
“El momento crítico que se vive en el país solamente es superable a partir de diálogos transparentes y confiables entre el Gobierno, los partidos políticos y la Sociedad Civil, que lleven a un entendimiento entre los distintos sectores de la sociedad y que cristalicen en un auténtico consenso democrático y un nuevo pacto social, que asegure estabilidad política y jurídica al país y que afronte los grandes problemas sociales y económicos que golpean a la población”, expresaron los obispos en su mensaje del 23 de abril de 2010. Y de manera reiterada han mantenido esa posición y demanda al Gobierno de Daniel Ortega.
Hoy, por fin los obispos se reunirán con Ortega. Pero, como ellos mismos lo han dicho, este diálogo no es para buscar beneficios particulares, ni prebendas, sino para decirle al dictador, en su cara, las verdades de la Iglesia. Y para insistir en su demanda de consenso democrático y de un nuevo pacto social, de acuerdo con su “compromiso pastoral de colaborar generosamente para que todos podamos construir un país más humano y solidario, más desarrollado y democrático”, tal como lo precisaron en su mensaje antes mencionado.
No hay ninguna señal que permita esperar que esa demanda sustantiva de los obispos será atendida. Todo lo contrario. Pero la pelota quedará en la cancha de Ortega, después que escuche hoy, de la viva voz de los obispos, las verdades que a ningún dictador le gusta escuchar.
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