La situación que vive actualmente Nicaragua refleja un país fragmentado, una “sociedad disociada” carente de objetivos comunes que permitan, mediante un esfuerzo colectivo, construir un plano de coincidencias mínimas que den a la comunidad nacional un sentido unitario en el que, a pesar de las diferencias, o quizás precisamente por ellas, sea posible construir la “unidad en la diversidad”, que es la alternativa entre dos posiciones extremas: la fragmentación y la uniformidad, las que impiden que nos configuremos a partir de una identidad común.
Cada una de ellas lleva a la negación de una verdadera identidad. Por una parte, la fragmentación, que impide reconocer objetivos comunes, produciendo tal desconocimiento una ruptura del tejido social y una división en sectores, bloques y compartimientos estancos que no permiten una visión y acción unitarias, pues cada quien solo ve sus propios intereses. Por la otra, la uniformidad, en la medida en que no se visualizan ni admiten puntos de vista diferentes, ni alternativas distintas, debido a lo cual solo se aceptan posiciones coincidentes, lo que imposibilita la unidad de las diferencias, que es la verdadera expresión de la libertad y la democracia.
En diversas ocasiones hemos expresado que lo que uniforma no une, sino somete, y que la unidad solo es posible cuando se alcanzan puntos de coincidencias que hacen posible que coexistan perspectivas diferentes sobre un mismo objeto o situación, las que al integrarse permiten la construcción de una visión más comprensiva de la realidad.
Superar esa polarización es uno de los desafíos que enfrenta nuestro país en todas sus esferas y sectores: el gobierno, los partidos políticos, la oposición, la sociedad civil y la ciudadanía en general. Por tal razón, el documento de la Conferencia Episcopal, “En Búsqueda de Nuevos Horizontes para una Nicaragua Mejor”, presentado al presidente Daniel Ortega con motivo del encuentro sostenido el 21 de mayo pasado, adquiere una importancia fundamental, pues su actualidad y permanencia en el contexto del acontecer nacional obliga a tener en consideración sus planteamientos y señalamientos.
De manera particular, considero de especial significación las dos propuestas concretas sobre las que la Conferencia Episcopal expresa estar segura de que “nuestro pueblo acogerá con esperanza y alegría”. En esta ocasión voy a referirme a la primera, que trata de la realización de un Gran Diálogo Nacional con la participación de todos los sectores del país.
El diálogo nacional es imprescindible para alcanzar los acuerdos que permitan alejar las sombras amenazadoras de la violencia y construir las bases que sustenten una sociedad motivada por objetivos comunes.
En muchas ocasiones nos hemos referido a este tema y denominado “La Nicaragua Posible” a esa esperanza de concertación y diálogo, en el que sea viable superar la dificultad que presenta la existencia de diferencias radicales, mediante el alcance de puntos comunes que permitan que se produzca “La Unidad en la Diversidad”.
Obviamente que ese país que deseamos no es el de los absolutismos ideológicos, sino la Nicaragua que todos y cada uno de nosotros podemos construir, cediendo parte de lo que para cada quien podría constituir el modelo ideal de sociedad. Es la Nicaragua del consenso y de la democracia, que surge de la unidad de nuestras diferencias. No la homogénea, ni tampoco la caótica y confrontativa, la del maniqueísmo que niega todo lo que no reproduce la propia imagen y deseos, sino la Nicaragua plural y múltiple en la que diferentes expresiones políticas tienen un espacio legítimo.
Ese país debe ser fruto de la concertación, que es una forma de conducta política, un estilo de conducir la política y lo político con miras a la construcción de la sociedad del presente y el futuro; pero también un instrumento importante para dar respuesta a los problemas apremiantes que gravitan con dramatismo sobre nuestro pueblo.
La concertación significa un salto cualitativo sobre lo que han sido las dos actitudes principales de nuestra política: la confrontación y la claudicación. Se concerta no para imponer en forma total y sin apelación un modelo económico, social y político, ni para disolver en las esencias de las fuerzas dominantes la identidad del adversario, sino para tratar de encontrar un punto de convergencia que permita superar las contradicciones.
Creo que el diálogo nacional que sugieren los obispos al Gobierno, además de inclusivo, pues en él deben participar todos los sectores políticos, económicos y sociales, debe tener el carácter de una concertación estratégica en la que, además de la búsqueda de soluciones a los problemas inmediatos y urgentes, se presente un proyecto de nación, un plan mínimo de país, en el que se consideren los temas fundamentales de la vida nacional.
Pienso que para ello deberían recogerse los múltiples esfuerzos que, por lo menos, desde 1990 se vienen realizando. Entre ellos me tomaría la libertad de mencionar: “La Nicaragua Posible”, cuyo encuentro inicial se realizó el 31 de agosto de 1990 en la UNAN-Managua. Después de cuatro eventos se recogieron las principales recomendaciones, las que están contenidas en varios libros publicados sobre el particular.
Entre los principales acuerdos, y a manera de síntesis, me permitiría mencionar algunos de ellos que establecen que: el respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho es condición esencial de la democracia, sobre todo en una de sus expresiones más significativas, como es la de la subordinación del poder a la ley. Señalar, además, que el respeto y fortalecimiento de la ciudadanía y la sociedad civil es fundamental, pues su participación efectiva en la vida nacional es requisito esencial a la existencia, consolidación y desarrollo de la democracia.
Además, podría mencionarse el documento del “Grupo de Reflexión y Participación Ciudadana”, publicado en el año 2005, en ocasión de cumplir seis años de labores, en el que menciona varios acuerdos fundamentales: entre los que, y por razones de espacio, solo mencionaremos el acuerdo político, orientado a la elaboración de un plan de desarrollo estratégico concertado y el acuerdo institucional basado en el principio de legalidad y en la subordinación del poder a ley.
Por supuesto que estos documentos y otros muchos que han sido elaborados, entre los que de manera especial habría que mencionar el del proceso de diálogo nacional que condujo Ética y Transparencia, son puntos de referencia que deben ser tenidos en cuenta para valorar cuáles de los puntos señalados tienen vigencia en la situación actual y cuáles no.
Quizás, y teniendo en cuenta la realidad política, convendría iniciar este diálogo por etapas, a partir de una agenda mínima, uno de cuyos puntos principales debería ser la reforma del sistema electoral, a fin de garantizar en el 2016 unas elecciones transparentes y creíbles. Una primera etapa podría ser la concertación de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, luego la de esta con los partidos políticos, y finalmente la de ambos sectores con el Gobierno, procurando que al llegar a este punto, se pueda tener un documento estratégico, un proyecto de nación, y de propuesta movilizadora de la opinión pública, en ese proceso de elaboración de un verdadero acuerdo integral, para la construcción de un nuevo país libre y democrático. El autor es jurista y filósofo nicaragüense.
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