Con carisma y oportunismo, el economista neoliberal Amado Boudou logró seducir políticamente a la presidenta peronista Cristina Fernández y escaló posiciones en el Gobierno hasta convertirse en su vicepresidente. “Aimé” aspiraba a más, pero la máquina de fabricar billetes lo obnubiló y sepultó una prometedora carrera política.
Boudou, un economista de 51 años, fue procesado el viernes por cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública como partícipe de una maniobra junto con dos socios, para apoderarse de la única impresora de papel moneda del país y luego beneficiarse con jugosos contratos con el Estado.
El primer vicepresidente en la historia del país procesado en el ejercicio de la función pública se expone a una condena de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El fallo del juez federal Ariel Lijo, el segundo que tuvo a su cargo esta delicada causa, afirma que existen pruebas contundentes que comprometen al vicepresidente. Boudou, en cambio, proclama su inocencia y denuncia que es víctima de un complot pergeñado por grupos económicos poderosos.
“Las acciones que se me imputan son falsas e intencionadas y tienen por objetivo sacarme de la vida pública, de erosionar la credibilidad de un gobierno”, dijo Boudou en su declaración ante el juez Lijo.
Aun si esto fuera cierto, la mayoría de los argentinos consideran culpable al vicepresidente, quien pasó de liderar las encuestas de popularidad como eventual sucesor de Fernández a convertirse en el dirigente con peor imagen de Argentina.
El ascenso de Boudou ha sido una excepción a la regla en la política argentina: llegó a vicepresidente de un gobierno peronista sin militancia previa en esa fuerza política.
El juez federal Ariel Lijo dictó el procesamiento “sin prisión preventiva” y ordenó un embargo sobre sus bienes por unos 25,000 dólares, informó pasada la medianoche del viernes el Centro de Información Judicial (CIJ), el sitio de noticias del poder judicial argentino. Por su condición de vicepresidente y titular del Senado, Boudou goza de fueros, que solo perdería si renunciara o fuera destituido por juicio político, por lo que si bien puede ser juzgado no puede ser detenido. Lijo acusa a Boudou de haberse quedado —a través de la empresa fantasma The Old Found y un testaferro— con 70 por ciento de la empresa Ciccone, que tiene el monopolio de la impresión del papel moneda, a cambio de haber intervenido para evitar su quiebra en 2010, cuando era ministro de Economía.
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