La cooperación oficial externa, tanto bilateral como multilateral, en el sector social (servicios, salud y educación) ha experimentado sensibles reducciones en los últimos siete años, mientras otros sectores como comercio, electricidad, agua, saneamiento y administración pública, han aumentado. Según el informe de Cooperación Oficial Externa 2013 del Banco Central de Nicaragua (BCN), el apoyo al sector social se redujo de 355.6 millones de dólares en 2007 a 188.8 millones de dólares el año pasado. Es decir, poco más del cincuenta por ciento.
Sumado a la reducción de la cooperación internacional en el sector social, ha habido un lento crecimiento del presupuesto para educación pública, pese a las campañas para invertir en ello. En el 2007 el presupuesto del Ministerio de Educación (Mined) era de 3,865.9 millones de córdobas, lo que representaba el 2.81 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En el 2013 fue de 7,374.85 millones de córdobas, es decir el 2.85 por ciento del PIB.
Ante este escenario, la clave para apoyar la educación de calidad se encuentra en las alianzas público-privadas. Aunque el concepto de alianza público-privada no es necesariamente algo nuevo. Tanto la Comisión Económica para América Latina (Cepal) como la Comisión Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OECD) y el Banco Mundial han analizado y propuesto este modelo desde principios de la década pasada para las economías emergentes. En Nicaragua esta alianza ha sido probada en sectores pujantes como el turismo.
En este sentido, Rodrigo Arboleda, CEO de One Laptop Per Child (OLPC), aseguró recientemente que la implementación del programa educativo Una Computadora por Niño en Nicaragua, por parte de la Fundación Zamora Terán, es precisamente un modelo de alianza público-privada, porque se trabaja de la mano con el Ministerio de Educación en la incorporación de escuelas y en las capacitaciones y talleres de actualización a docentes, mientras se unen esfuerzos con empresas y personas privadas para llevar a más niños a una educación de calidad.
“Creemos que después de varios años de ver gobiernos hacerlo bien y ver gobiernos hacerlo no tan bien, hemos encontrado que la combinación del sector público y la empresa privada es la mejor solución, porque se obtiene lo mejor de dos mundos: la capacidad de acción de un gobierno, las prácticas de manejo empresarial del sector privado y al mismo tiempo se obtiene la continuidad en el tiempo, que garantice que se convierta en un proyecto de país y no en un proyecto de un solo gobierno”, explica Arboleda.
Ahora esta experiencia acumulada en educación se podría considerar como un punto de partida para extender esta práctica y alcanzar mejores estándares de cobertura, equidad y calidad que tanto demanda el sector educativo nicaragüense. Solo hace falta que más esfuerzos y voluntades se unan. Es una verdad irrefutable que la inversión en educación de calidad garantizará un desarrollo económico y social para cualquier país. Nuestra Nicaragua demanda de manera urgente una educación llena de valores, que potencie a los niños y adolescentes y los convierta en ciudadanos con pensamiento crítico, que construyan su futuro de otra manera y empujen a su patria hacia adelante.
Finalmente, aunque nuestra Constitución establezca que el derecho a la educación debe garantizarlo el Estado, es responsabilidad de todos y todas, comunidades, familias y empresa privada, contribuir a que este derecho se humanice y universalice en nuestro país. La autora es coordinadora de Comunicación Fundación Zamora Terán.
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