Elízabeth Romero y Martha Vásquez
Los denominados Gabinetes de la Familia (antiguos CPC) fueron incluidos por el presidente inconstitucional, Daniel Ortega, entre los sectores representativos de la comunidad que son parte de las llamadas consejerías familiares, en temas de violencia contra las mujeres.
Al emitir el reglamento de la Ley 779, Contra la Violencia hacia las Mujeres, a través de un decreto, Ortega incorporó a los Gabinetes de la Familia junto a representantes de diversos sectores, para que impartan consejerías a víctimas y agresores en coordinación con el Ministerio de la Familia (Mifamilia).
La abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Brenda Rojas, manifestó que “el reglamento establece recibir consejerías como algo que tenés que agotar”, en otras palabras, que es un paso obligatorio en estos casos.
INSTANCIA DE MEDIACIÓN
Por tanto, los gabinetes serán las primeras instancias en mediar, lo cual no está establecido en la ley.
Además, agregó Castillo, esa reglamentación es extemporánea porque fue realizada casi cuatro meses después de publicada la reforma a dicha norma en enero de este año, contrario a los 60 días que manda la Constitución en su artículo 150, inciso 10. Le correspondía a la Asamblea Nacional reglamentarla.
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Esta apreciación surge del artículo 10, del capítulo tres del reglamento que establece: “Cuando en el nivel comunitario no se resuelvan las situaciones que provocan los conflictos de pareja o familiares, incluyendo las conductas contempladas en el artículo 13 y 14 (concerniente a la mediación) de este reglamento, la mujeres tendrán la opción de acudir a la Comisaría de la Mujer y la Niñez o al Ministerio Público, quienes las remitirán al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, con un resumen de su situación para brindar consejería familiar a través del personal especializado”.
La enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia, Reyna Rodríguez, criticó que en el reglamento de Ortega haya incluido a los Gabinetes de la Familia para la mediación.
“SEGUIR VIVIENDO CON EL MALTRATADOR”
Según Rodríguez, esto “implica que tenés que seguir viviendo con tu maltratador, o sea el del comité del Poder Ciudadano va a negociar que si vos seguís con ese hombre o no podés seguir, y si te dice el del Poder Ciudadano que tenés que seguir, tenés que aguantar”.
La defensora de las mujeres estimó que con esta nueva visión del Gobierno de atender el tema de la violencia, “ahí se van a disparar las cosas a como están”, y manifestó su temor de que si ya se registran 52 femicidios, “la situación será peor y más caótica porque habrá gente que se va a meter (en los conflictos) y hay gente que la va agarrar (que se meterá en problemas)” .
Por su parte, Rojas criticó que el hecho de que las Comisarías informen a Mifamilia y la misma intervención de esa institución, será una forma de exponer a la víctima de violencia frente a su agresor. Al tiempo que la mediación no será voluntaria.
Rojas considera que la participación de los representantes de diferentes sectores en estas consejerías “es como (para) meter en miedo a las mujeres”.
Mientras que Rodríguez lo calificó como “un estado autoritario”. El movimiento amplio de mujeres realiza un análisis amplio del reglamento.
Ante periodistas de medios oficialistas, la titular de Mifamilia, Marcia Ramírez, alegó que ellos pretenden implementar consejerías para establecer una orientación oportuna, para que las parejas encuentren espacios y si deciden separarse que lo hagan en los mejores términos.
Amalia Amaya, representante del Instituto Nicaragüense de Promoción Humana (Inprhu), manifestó por su parte, que según lo establecido en las reformas a la Ley 779, la mediación es voluntaria, “y no debe interpretarse que (con el reglamento) se va a obligar a las mujeres a mediar”.
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