Martha Vásquez, Elízabeth Romero y Luis Eduardo Martínez
En circunstancias procesales y legales nada claras, el Ministerio Público presentó este 12 de agosto la ampliación de la acusación en el caso de la masacre del 19 de julio en el Complejo Judicial Central de Managua, contrario a lo que manda el artículo 22 del Código Procesal Penal en cuanto a la competencia territorial.
Es decir, que la causa se desarrolle donde se dieron los últimos hechos. En este caso, el ataque a la caravana sandinista se registró en Darío, jurisdicción de Matagalpa.
La presentación del escrito la realizó la fiscal María del Socorro Oviedo Delgado, a las 9:10 a.m., ante la Oficina de Recepción de Distribución de Causas y Escritos (Ordice) de Managua.
“Ampliación de hechos nuevos, nuevos acusados y modificación de la calificación jurídica”, se lee en la presentación del escrito que contiene 30 páginas e incluye a los 12 presentados por la Policía Nacional, como los presuntos autores de los ataques a las caravanas sandinistas el pasado 19 de julio.
EN JUZGADO DE MANAGUA
La causa fue radicada en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia, donde el titular es Henry Morales, quien confirmó la recepción del expediente de Matagalpa y el escrito de ampliación de la acusación que presentó este 11 de agosto el Ministerio Público.
“Ya están en mi despacho, pero aún no he revisado el expediente. Hoy (ayer) no hay audiencia, mañana (hoy) será que programe”, dijo el judicial.
El sandinista juez suplente de Audiencias de Matagalpa, Wilford Bustamante Rocha, remitió el caso a juicio.
Pero, el también sandinista juez segundo de Distrito Penal de Juicios de Matagalpa, Bernardo Morales, se declaró incompetente para conocer del caso alegando razones de jurisdicción.
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Sequeira expuso a Pablo Cuevas, de la CPDH, que a su criterio la Fiscalía no acusaba a los ocho últimos presentados el 7 de agosto por la Policía como sospechosos de ser los autores materiales e intelectuales de la masacre, porque no contaban con las suficientes pruebas en su contra.
Gutiérrez, al igual que Wilfredo José Balmaceda, José Ricardo Cortez, Eddy Antonio Gutiérrez, José Olivar Meza y Zacarías Cano Angulo, fueron arrestados el 26 de julio.
Aura Lilliam Reinosa es otra madre de familia que tras 18 días de espera supo que su marido Zacarías Cano Angulo fue acusado en Managua por uno de los atentados a las caravanas sandinistas del 19 de julio y lamenta la situación de incertidumbre.
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SORPRESIVA INCOMPETENCIA DE JUEZ DE MATAGALPA
Marlon Aburto, abogado de Eddy Gutiérrez Delgado, Jairo Obando Delgadillo y Wilfredo Balmaceda, señalados entre los últimos ocho que presentó la Policía Nacional como presuntos autores de la masacre del 19, expresó que no comprende la falta de jurisdicción que alegó el juez de Matagalpa, porque si así fuera, desde el juez de audiencia lo hubiera hecho, sin embargo, se realizó la audiencia preliminar, inicial y se remitió la causa a juicio.
“Desconocemos la nueva calificación jurídica. Lo que sí sé es que se anula todo lo actuado en el juzgado de Matagalpa y se empieza de cero en Managua, no logro entender los motivos del traslado”, recalcó Aburto.
“DECISIÓN ES POLÍTICA”
Para el abogado Carlos Baltodano, la decisión de trasladar la causa a Managua es política, ya que no hay ninguna razón jurídica que la respalde. “Yo me opuse al traslado por falta de competencia y no respetaron el derecho de contradicción, por eso asumo que la decisión es política y en estos casos la ley queda debajo de esos intereses porque la competencia territorial dice otra cosa”, dijo Baltodano.
El jurista presentó este 12 de agosto un escrito en Ordice de Managua en el cual señala la incompetencia judicial de parte del juez penal de Audiencia de Managua porque los hechos acusados sucedieron en Matagalpa.
“Es un delito de resultado y fue consumado en Matagalpa y por tanto el juez competente es Matagalpa. El primer párrafo de la acusación presentada en Matagalpa dice que se reunieron en la Comarca Las Pilas y eso es jurisdicción de Ciudad Darío, luego habla del 17 de julio que se reunieron en Tipitapa y aquí hay juez de Distrito, entonces traerlo a Managua es una decisión política”, recalcó el abogado.
PODER JUDICIALSE CONTRADICE
Para el magistrado Gerardo Rodríguez, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, el traslado del expediente y la declaración de incompetencia del juez de Matagalpa no tiene nada de ilegal. “No hay ninguna ilegalidad que un juez después que están a su orden haga lo que hizo el juez de Matagalpa”, dijo Rodríguez.
Mientras Roberto Larios, vocero del poder judicial, ayudó al magistrado Rodríguez expresando que el juez de Matagalpa argumentó la incompetencia porque las reuniones de conspiración se dieron en Tipitapa y que “el juez de audiencia de Managua comprende el departamento de Managua y puede conocer la causa”, dijo Larios.
Para el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, el traslado de la acusación contra los sospechosos de la masacre del 19 de julio a un juzgado de Managua representa las contradicciones con que los operadores de justicia han ventilado ese proceso.
ENTONCES, ¿MATAGALPAO MANAGUA?
Cuevas basó sus críticas en que hace 12 días esa organización introdujo un recurso de exhibición personal ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), a favor de Eddy Gutiérrez, uno de los acusados cuyos familiares en ese momento consideraban “desaparecido”, pues ninguna autoridad les daba respuesta, por lo que acompañados de la CPDH solicitaron el nombramiento de un juez ejecutor, pues permanecía detenido de forma ilegal.
Sin embargo, la Sala Dos del TAM resuelve “no ha lugar al presente recurso de exhibición personal dado que los hechos se dieron en la circunscripción de Matagalpa”.
“Y ahora resulta que el juez de Matagalpa, perteneciente al mismo Poder Judicial, (dice) que no es competente porque los hechos no se dieron ahí”, criticó Cuevas, quien señaló que a esta lista de “incongruencias” se suma que la Fiscalía no apela, sino que introduce una ampliación de hechos y acusados.
ATROPELLAN DERECHOS
“No entendemos qué pretenden con tanto desprecio a la ley, es lamentable un boleo, hay como una colusión de diferentes entidades que tienen que ver con impartición de justicia en el país para atropellar el derecho”, manifestó Cuevas, tras referir que es lamentable lo ocurrido el 19 de julio cuando cinco personas fueron asesinadas, “pero las cosas deben hacerse como dice la ley, los procesos deben llevarse como establece la norma”.
Y de esa forma consideró que las autoridades “están actuando de forma anárquica”.
El sandinista juez suplente de Audiencias de Matagalpa, Wilford Bustamante Rocha, remitió el caso a juicio. Pero, el también sandinista juez segundo de Distrito Penal de Juicios de Matagalpa, Bernardo Morales, se declaró incompetente para conocer del caso alegando razones de jurisdicción.
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