¿Legalizar o no? He ahí el dilema

Diferentes voces de América Latina (AL) coinciden en que las políticas y estrategias establecidas en el combate contra las drogas deben revisarse, porque las mismas han fracasado, pues en muchos casos las posiciones de mano dura no han logrado frenar la violencia.

Nicaragua y toda la región deben asumir una posición crítica ante las políticas que se han desarrollado en México y Colombia con tutela de Estados Unidos que no han sido efectivas en la lucha contra el narcotráfico. LA PRENSA/ARCHIVO

 

 

Elízabeth Romero

Diferentes voces de América Latina (AL) coinciden en que las políticas y estrategias establecidas en el combate contra las drogas deben revisarse, porque las mismas han fracasado, pues en muchos casos las posiciones de mano dura no han logrado frenar la violencia.

La discusión sobre el tema ha aumentado a medida que se aproxima la Asamblea General extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se abordará el tema y que está prevista para el 19 de septiembre, en Antigua, Guatemala.

Expertos de organizaciones de la sociedad de AL y de las principales agencias de Naciones Unidas y OEA, junto a la sociedad civil profundizaron sobre el tema los días 3 y 4 de septiembre, durante la Quinta Conferencia Latinoamericana y Primera Centroamericana sobre Políticas de Drogas, organizada en San José, Costa Rica.

La misma fue promovida por un consorcio de seis organizaciones, Confedrogas, integrada entre otros por Intercambios Asociación Civil, de Argentina y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), de Estados Unidos.

Los asistentes señalan que las políticas de droga deben incluir el respeto a los derechos humanos, que contemple a los usuarios de drogas como sujetos de derechos y con un enfoque de salud pública al abordar el consumo de drogas.

VIOLENCIA, ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN

“Se ha combatido la violencia con violencia y el resultado no ha sido exitoso sino que ha generado más violencia”, dijo el ministro de Seguridad de Costa Rica, Celso Gamboa, al inaugurar el evento. La propuesta de Gamboa es que la lucha debe estar enfrascada contra “quienes manejan los capitales económicos de esas estructuras”.

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Catalina Pérez, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), de México, presentó un informe sobre un estudio en ocho países Latinoamericanos. Expuso que la respuesta de los gobiernos frente al consumo de sustancias ilícitas, ha sido únicamente con medidas punitivas, a través de las instituciones penales y no desde la salud pública.

Por ejemplo, en 2011 en Argentina un 74 por ciento de las causas fue por tenencia para consumo. En Ecuador de 6,400 detenidos por delitos vinculados con droga, 5,100 de ellos tenían sentencia condenatoria por tenencia. Mientras en Bolivia, entre 2005 y 2011 fueron detenidas 6,300 personas por posesión de drogas, en su mayoría de cannabis y en México entre 2009 y 2013 más de 140 mil consumidores fueron detenidos.

Según Pérez, estas cifras muestran que se está criminalizando el consumo y a los consumidores. “La pregunta que hacemos: ¿cuáles son los mecanismos legales que operan para la criminalización de los usuarios?”, consultó Pérez tras apuntar: “en toda la región aunque el consumo no es un delito las conductas en torno al consumo si lo son”.

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dólares es lo que se especula le queda a las organizaciones locales por cada kilo de droga traficado por Centroamérica, expresó el especialista colombiano Juan Carlos Garzón, quien señaló que “las ganancias gruesas” están en Estados Unidos y en las organizaciones transnacionales.

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Graciela Touzé, presidenta de Intercambios e integrante del consorcio organizador Confedrogas, reiteró la posición de Gamboa, al indicar que estas políticas increme-ntan la violencia, en especial en sectores sociales históricamente violentados por condiciones estructurales injustas y castigan de forma desproporcional a los más vulnerables. A su vez, señala, han reforzado el estigma, la discriminación y los abusos que afectan a las personas que usan drogas.

A criterio de Touzé, las iniciativas existentes en cambios de las legislaciones de varios países de la región, como la experiencia de la regulación del mercado en Uruguay, Washington y Colorado, así como proyectos para la despenalización del consumo, posesión o cultivo para el consumo personal en Colombia, Chile, México, Costa Rica, entre otros, “son señales que las sociedades están reconociendo que el enfoque bélico es un paradigma agotado, cuyas nefastas consecuencias ya no pueden tolerarse”.

En el istmo, en 2012 el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, solicitó a los presidentes Centroamericanos que firmaran un plan de seguridad regional que incluye la legalización de las drogas. Hasta ahora no se ponen de acuerdo.

En el debate de la legalización o no de algunas drogas, por ejemplo, Nicaragua está entre los países que han mantenido posiciones conservadoras.

NICARAGUA RECHAZA LEGALIZACIÓN

LA PRENSA consultó la semana pasada a la jefa de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, en relación a su posición sobre este debate y esta reiteró la posición del presidente inconstitucional, Daniel Ortega, de oposición a la legalización.

“Todo es bueno revisarlo, todo está en continua revisión y perfeccionamiento, Nicaragua lo ha dejado claro, nuestro presidente (lo ha dicho), cual es la posición, es el enfrentamiento, no estamos por legalizar la droga, (ni) nada parecido”, según Granera.

“Creemos que este es un mal, un flagelo que azota (a) la humanidad, que tiene repercusiones en todos los campos: salud, seguridad, economía y debemos todos los cuerpos policiales del mundo aunar esfuerzos para derrotarlo”, dice Granera.

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, expuso la semana pasada en un evento relacionado al tema que en los próximos días esa institución presentará en la Asamblea Nacional un proyecto de ley de cómo deben ser las conductas penales para combatir el flagelo.

INFLUENCIA DE RUSIA

Para el experto colombiano Juan Carlos Garzón en relación a los motivos por los que países como Nicaragua no quieren un cambio, tiene que ver con razones políticas. A esto le suma el modelo policial y el hecho de que los niveles de violencia son más bajos que en otros países de la región y por tanto, el uso de la fuerza es menor que en otros países del istmo.

Garzón, del Global Fellow del Woodrow Center y asesor del Ministerio de Justicia de Colombia, también considera que en esto incide “la perspectiva geopolítica”, desde la que a su criterio Rusia ha tenido “una puerta de entrada para influir en la política exterior de América Latina”.

Y es, según Garzón, dentro de ese contexto geopolítico donde ocurre la mayor cooperación en el tema de narcotráfico proveniente de Rusia con los países Centroamericanos que a su vez “impacta en el debate sobre la política de drogas en la región”.

“Hay una hipótesis que explorar, eso se complementa con el papel que tiene ahora Rusia en Naciones Unidas sobre el debate de la política de droga que es una postura muy fuerte”, apuntó el especialista.

“Lo que sí creo, es que hay un temor de que el narcotráfico entre a Nicaragua de manera más fuerte y es basado en ese temor (que) no se quiere apoyar los cambios”, expresa Garzón.

En Managua, la directora del Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas (IEEPP), Elvira Cuadra, es de la opinión de que deben revisarse no solo las políticas de droga, sino la estrategia regional de Centroamérica en relación al tema de la lucha contra el narcotráfico. Cuadra estima que Nicaragua y toda la región deben asumir una posición crítica ante las políticas que se han desarrollado en México y Colombia con tutela de Estados Unidos que no han sido efectivas y que “ya estamos viendo los efectos en la región”.

Cuadra señala que la forma en que fue diseñada la estrategia y políticas implica grandes riesgos para la región por el tema de la militarización, lo que no sucede en Nicaragua, donde no prevalece la visión de la mano dura; por lo que el país tiene la oportunidad de mantener ese balance entre lo punitivo y lo preventivo.

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