Matan a 19 civiles armados en el norte de México

El gobierno del estado de Tamaulipas, al norte de México, informó este miércoles que en tres enfrentamientos separados el ejército, la marina y la policía federal mataron en supuesta legítima defensa a 19 civiles armados sin que las fuerzas de seguridad pública sufrieran ninguna baja.

El gobierno del estado de Tamaulipas, al norte de México, informó este miércoles que en tres enfrentamientos separados el ejército, la marina y la policía federal mataron en supuesta legítima defensa a 19 civiles armados sin que las fuerzas de seguridad pública sufrieran ninguna baja.

Los enfrentamientos ocurrieron el martes en menos de una hora en los municipios de Matamoros y Río Bravo, fronterizos con Texas, según un comunicado emitido por el Grupo de Coordinación Tamaulipas que agrupa bajo la autoridad del gobernador del estado a las fuerzas de la Secretaría de Defensa, la marina y la policía federal.

La primera agresión se registró a las 13:30 horas del martes en terrenos del ejido Lucio Blanco, en Matamoros, donde según la versión oficial ofrecida por la Policía Federal, un grupo de civiles armados atacó a la policía. Al repeler la agresión, los agentes mataron a tres de ellos y decomisaron tres armas de guerra, 16 cargadores llenos, dos porta-cargadores tipo pechera, cuatro chalecos antibalas y una camioneta pick up robada.

Apenas un cuarto de hora más tarde, a las 13.45, en las inmediaciones del poblado Nuevo Progreso, municipio de Río Bravo, una unidad de la Secretaría de Marina recibió otra agresión por varios civiles armados y al repeler el ataque mataron a nueve de ellos según el comunicado. Los militares confiscaron nueve armas largas, cartuchos útiles y dos vehículos, uno con blindaje artesanal.

La tercera agresión se registró a las 14:00 horas entre los municipios de Matamoros y Río Bravo, donde siempre según la versión oficial elementos del Ejército Mexicano fueron atacados por civiles armados. Al repeler la agresión murieron siete de los probables delincuentes y las autoridades se incautaron siete armas largas, dos fusiles Barret de alto calibre y siete vehículos.

La divulgación de la información coincidió con la denuncia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que al menos 15 personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por soldados en la localidad de Tlatlaya en junio tras un enfrentamiento que dejó un total de 22 muertos entre los supuestos delincuentes.

El ejército dijo inicialmente que los 22 presuntos delincuentes murieron en un solo enfrentamiento y que en el lugar se liberó a tres mujeres que estaban secuestradas. Pero la versión comenzó a ser puesta en duda debido al resultado del supuesto tiroteo: la Secretaría de la Defensa Nacional dijo que sólo uno de los soldados fue herido.

Además, periodistas de la AP visitaron la bodega días después del incidente y encontraron pocas evidencias de que se hubiera librado un enfrentamiento prolongado: en las paredes había una serie de marcas de disparos a la altura del pecho de una persona, lo cual sugería disparos a corta distancia.

La investigación sobre las ejecuciones militares en la localidad de Tlatlaya también descubrió intentos de las autoridades civiles y castrenses de encubrir los hechos y revela que funcionarios de la fiscalía del Estado de México, que inicialmente investigó los hechos, también incurrieron en torturas y agresiones sexuales contra al menos dos de tres mujeres que sobrevivieron.

Una de las sobrevivientes de los hechos de Tlatlaya dijo hace semanas a The Associated Press que sólo un individuo había muerto en el tiroteo inicial, y que los 21 restantes, incluida su hija de 15 años, habían sido asesinados por soldados cuando ya se habían rendido.

El presidente de la Comisión Raúl Plascencia señaló en rueda de prensa que la escena del crimen fue alterada para simular que todos habían muerto en el enfrentamiento del 30 de junio en San Pedro Limón, una comunidad de la municipalidad de Tlatlaya, en el Estado de México y a más de 200 kilómetros al suroeste de la capital mexicana.

El titular de la comisión dijo que sus investigaciones determinaron «la alteración del lugar de los hechos para tratar de simular que habían muerto las personas con motivo de un enfrentamiento». De los 15 que habrían sido ejecutados, tres eran adolescentes.

Ninguna de las autoridades civiles y castrenses involucradas en el caso comentó ante peticiones de la AP para conocer su versión frente a lo dicho por la comisión de derechos humanos.

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