Documentos desclasificados revelan la complicidad y participación de policías municipales, junto al cártel de los Zetas, en la matanza de 72 migrantes centroamericanos en agosto de 2010 en San Fernando, en el estado de Tamaulipas, informó el lunes el grupo Archivo de Seguridad Nacional (ASN).
El organismo civil, fundado en 1985 por periodistas y académicos de Estados Unidos, logró que la Procuraduría General de la República (PGR) desclasificara un documento del expediente sobre la matanza.
Según la tarjeta de la PGR, Álvaro Alba Terrazas, uno de los detenidos en los hechos, dijo a los investigadores que policías y agentes de tránsito fueron pagados por entregar prisioneros a los Zetas.
“Sé que la policía y los funcionarios de tránsito en San Fernando ayudan a la organización Zetas, porque en lugar de tomar a los detenidos a la cárcel municipal, tendrían (que) entregarlos a los Zetas”, señaló el detenido según el documento divulgado en la página web del grupo.
Los policías actuaron como “vigías” para el grupo y ayudaron con “la interceptación de las personas”, además de permitir las actividades ilegales de los Zetas, indicó la organización, que afirmó que los policías municipales participaron en la “ejecución sumaria de 72 migrantes” en agosto de 2010, así como en “un número incalculable de asesinatos similares que culminaron en el descubrimiento, en abril de 2011, de otros cientos de cuerpos en fosas comunes en la misma parte del estado de Tamaulipas”.
ASN indicó que los documentos desclasificados dejan muchas interrogantes debido que no se sabe dónde quedaron los funcionarios arrestados por sus vínculos con las masacres de San Fernando.
El ASN calificó como un logro que las autoridades desclasificaran parte de esta información, pero advirtió que aún falta por divulgar otros expedientes para conocer lo que sucedió en la masacre de 2010.
También dio a conocer otros documentos estadounidenses, cables del Consulado estadounidense en Monterrey y otros comunicados diplomáticos que muestran cómo “los Zetas establecieron el control sobre la Policía y otros funcionarios en el estado de Nuevo León y cómo los agentes corruptos eran blancos de cárteles rivales”.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,7 A
