La justicia argentina debe decidir esta semana si acepta la imputación de la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento de terroristas solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, que se hizo cargo de la denuncia presentada por su colega Alberto Nisman, encontrado muerto el 18 de enero.
El juez Daniel Rafecas, a cargo de la causa, tiene que resolver también si aprueba las cincuenta medidas de prueba requeridas por Pollicita, que incluyen allanamientos, exámenes de telecomunicaciones y declaraciones testimoniales.
Pollicita descartó por el momento llamar a indagatoria a Fernández y al canciller Héctor Timerman, como había reclamado Nisman en la denuncia que presentó contra ella cuatro días antes de morir.
La imputación supondría un serio revés judicial para el gobierno de Fernández, que tiene varias causas abiertas y mantiene un duro enfrentamiento con el poder judicial.
Tras confirmarse el procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou, por presunta corrupción y la ratificación de la investigación a una empresa participada por la presidenta, el ejecutivo denunció el viernes la existencia de un “ataque” contra el Gobierno orquestado “entre la justicia y las corporaciones”.
La tensión se ha acentuado tras la denuncia de Nisman, quien investigaba el atentado contra la mutual judía AMIA, que provocó 85 muertos en 1994, y de su posterior fallecimiento el pasado 18 de enero.
Tras descalificar la presentación judicial de Nisman contra la presidenta, el oficialismo arremetió también contra el grupo de fiscales que convocó una marcha en homenaje a su colega fallecido un mes después de su muerte, a la que asistieron cerca de cuatrocientas mil personas.
La investigación sobre la muerte de Nisman está rodeada de polémica por las numerosas irregularidades denunciadas por la querella, por testigos y por las numerosas filtraciones a la prensa de información reservada. Para el Gobierno, la muerte de Nisman fue fruto de una operación de desestabilización de agentes secretos desplazados de sus cargos en diciembre.
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