La decisión del juez Daniel Rafecas de rechazar ayer la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento a terroristas implicados en el ataque a la AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, da un respiro judicial al gobierno de Fernández, aunque resulta insuficiente para revertir el descontento social, según analistas.
“Resuelvo desestimar la denuncia por inexistencia del delito”, dice el dictamen de 63 páginas de Rafecas al rechazar la imputación a la presidenta expuesta por el fiscal Gerardo Pollicita sobre la base de la presentación que hizo el fiscal Alberto Nisman el 14 de enero.
Cuatro días antes de ser hallado muerto con un disparo en la cabeza en su departamento, Nisman acusó a Kirchner, su canciller Héctor Timerman y allegados del Gobierno de haber encubierto a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA. El expresidente iraní Ali Rafsanjani es uno de los sospechosos del ataque.
“Rafecas fue más allá de desligar a la presidente, ya que dice que no hay ningún elemento para inculpar al resto de los involucrados, cuando todo lo que se fue revelando del contenido de la denuncia claramente los involucra”, consideró Patricio Giusto, de la consultora Diagnóstico Político.
“No parece muy simple que el Gobierno pueda recuperar credibilidad por el hecho de que uno de los cuestionados jueces federales de Argentina haya dictado la inocencia de todos los involucrados”, señaló Jorge Arias, de la consultora Polilat.
Giusto apunta que la decisión de Rafecas da un respiro al Gobierno en los Tribunales —donde varios funcionarios tienen causas abiertas—, pero “no implica ningún alivio” para “lo comprometido que ha quedado” con el caso Nisman.
“La gente ya salió a la calle y se constató que masivamente hay un reclamo de justicia. Lo que diga un juez no va a revertir el manto de duda que hay sobre el ejecutivo con respecto al caso Nisman”, indicó Giusto al recordar la multitudinaria marcha de homenaje a Nisman el 18 de febrero.
“La imagen institucional de este gobierno ya no tiene retorno. Hay una profundización del desgaste propio del final de mandato, que concluye en diciembre, con un empeoramiento de las perspectivas del oficialismo de cara a las elecciones de octubre”, manifestó Giusto.
Tras analizar “toda la evidencia ha quedado claro que ninguna de las dos hipótesis de delito, sostenidas por el fiscal Pollicita en su requerimiento, se sostienen mínimamente, porque el presunto delito nunca se cometió”, indica el dictamen del juez.
Respecto a los supuestos pedidos del Gobierno para evitar las capturas de Interpol de los iraníes, Rafecas indicó que “la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito”.
Nisman escribió que Kirchner buscaba conseguir petróleo de Irán a cambio de encubrir a los iraníes, aunque el crudo que exporta Teherán no es compatible con el procesado en Argentina, según el Gobierno.