Mes y medio ha pasado desde que Francisco Flores conoció de nuevo el mundo. Había pasado 17 meses recluido en una cárcel de Costa Rica por un “grosero” error de identidad que ninguna autoridad corrigió cuando fue detenido en un retén policial.
La libertad no ha llevado tranquilidad a su vida. Noches enteras sin conciliar el sueño, falta de recursos económicos por el desempleo y el temor de ser arrestado de nuevo aunque sea involuntariamente es la tónica de este inmigrante originario de Managua, de 48 años.
“No hombre, todavía no me normalizo. Todavía siento temor cuando voy agarrar el bus. Siento el temor como que alguien me sigue y a cada rato volteo la cabeza con miedo hacia atrás. Me ha costado adaptarme a la sociedad todavía”, dijo Flores.
Flores fue detenido equivocadamente en septiembre de 2013 por la Policía Municipal de San José. Las autoridades lo confundieron con Francisco Flores, otro nicaragüense de 76 años buscado en Costa Rica para que cumpla su condena de 4 años de cárcel por abuso de menor.
Aunque pasó por varios filtros judiciales, incluso pruebas de huellas dactilares, nadie reconoció que él era otra persona, con 28 años menos y de tez blanca y cabello negro; rasgos contrarios al del verdadero prófugo.
La equivocación llevó a Flores a la cárcel San Sebastián, primero, y luego a La Reforma, esta última la de mayor seguridad del país, donde cumplen condenas reos peligrosos.
Ahí no solo fue excluido del mundo, sino que perdió contacto con sus familiares, quienes hasta lo dieron por muerto y le hicieron un velorio en su natal Managua.
“Arruinaron mi vida. Vivo traumado de todo lo feo que vi en la cárcel, cosas que no puedo decir porque uno teme le pase algo. Por eso mi temor de andar en la calle”, cuenta Flores, quien en Nicaragua se desempeñaba como chofer de rutas de transporte colectivo.
“No puedo dormir pensando cosas y cuando logro conciliar el sueño es con pastillas. Sicológicamente no estoy bien, ni de salud. Para peores no tengo un trabajo estable y tampoco seguro social para atenderme en la clínica”, añade.
Aunque su madre Gloria Martínez y su hermana Maribel descartaron hace semanas cualquier demanda contra el estado costarricense en busca de indemnizaciones por daños morales y materiales, Flores no descarta la posibilidad.
“No sabría decirte si hay demanda pero ese tiempo lo perdí, me enfermé y ¿quién responde por eso?”, cuestionó.
La Sala Cuarta Constitucional se ordenó abrir un proceso disciplinario para determinar las responsabilidades, si las hay, de las personas involucradas en la tramitación de este caso. Este proceso lo conoce la Inspección Judicial de la Corte Suprema de Justicia.
En la misma resolución la Sala Constitucional ordenó trasladar el caso al Organismo de Investigación Judicial y Ministerio Público para que se establezca la responsabilidad penal en caso de que proceda. Ambos procesos están en investigación por los órganos judiciales competentes.
La Sala Constitucional determinó en su resolución de libertad, que las autoridades competentes no verificaron aspectos elementales de identidad, ni durante la detención ni durante su encarcelamiento. Entre el verdadero sentenciado y el perjudicado existían 28 años de diferencia, las fotos de su rostro no coinciden.
