La entrega que hizo el Gobierno de la concesión del proyecto del Gran Canal a un inversionista chino excluyendo a la empresa privada nicaragüense es un ejemplo palpable de que en Nicaragua urge de una política de Asociaciones Público-Privadas (APP) para impulsar el desarrollo, alertó un estudio elaborado por The Economist Intelligence Unit, financiado por el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin).
En su cuarta edición, el Infrascopio 2014, publicado ayer por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuyo estudio mide la capacidad de un país para movilizar inversión privada en infraestructura a través de asociaciones público-privadas, los expertos señalan que “Nicaragua no tiene cuerpo alguno de gestión de APP y la actual administración ha demorado continuamente la adopción e implementación de una ley de APP, a pesar de difundidos llamados del sector privado pidiendo un marco integral”.
Y eso es lo que ha permitido que el Gobierno use “la autoridad ejecutiva y leyes especiales para adjudicar grandes proyectos de concesión”, donde además del Canal, se menciona el proyecto hidroeléctrico Tumarín.
La ausencia de un marco que permita la asociación público-privada frena la inversión en infraestructura, se advierte. “La adopción de una legislación así abriría una importante fuente de financiamiento para corregir el déficit nicaragüense en infraestructura. Un centro de estudios local, Funides, ha afirmado que el actual sistema vial está deteniendo el desarrollo de Nicaragua y que actualizarlo a estándares regionales requeriría de 5,500 millones de dólares a precios actuales en los próximos 10-20 años”, indica el estudio.
20.6 puntos de una escala de 100 obtuvo Nicaragua en el Infrascopio 2014, lo que situó al país en el puesto 17 de 19 que fueron evualados. El índice lo encabeza Chile y en el último puesto está Venezuela.
PROYECTOS QUEDAN EN PAPEL
El Infrascopio 2014 recuerda que Nicaragua tiene un historial en cuanto a proyectos de transporte no alentador. Se han desarrollado ideas de proyectos de gran envergadura como el Puerto Monkey Point y la Carretera Costera turística, “pero fueron demorados y luego cancelados, cuando los socios privados se retiraron”.
Si bien en 2013 se adoptó una nueva ley de puertos, que vendría ayudar a revivir las concesiones portuarias, el estudio aclara que esta “no es un sustituto válido de un marco integral para las APP”.
SOLO ENERGÍA SE SALVA
E l único sector donde existe un esquema casi parecido al de una asociación público-privada para impulsar la inversión es en el de energía. “Las autoridades emplean un modelo de selección que permiten al sector privado invertir si el beneficio potencial es atrayente”, enfatiza el Infrascopio 2014.
Eso ha permitido, menciona, una transformación en la matriz energética. “En 2013 el 51 por ciento de la generación correspondía a fuentes renovables, y el Gobierno alberga la intención de incrementar esta cifra al 74 por ciento en 2018 y al 91 por ciento en 2027”, destaca.
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