“Un vulgar ladrón”. “Delincuente”. “Corrupto”. ¿Quién no recuerda hace unos 15 años los términos con que contralores de la República se referían a los funcionarios públicos descubiertos en actos indebidos con el presupuesto estatal? Eran años de “gobiernos neoliberales” y la Contraloría General de la República rebozaba de actividad. “Cárcel”. “Justicia”. “Transparencia”. Era lo que hace 15 años exigía a voz viva y en plaza pública Luis Ángel Montenegro Espinoza, contralor propuesto por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en el año 2000, después del pacto entre el secretario general del FSLN, Daniel Ortega, y el expresidente de la República, Arnoldo Alemán, a quien Montenegro retaba a demostrar su transparencia. “Cárcel, justicia, transparencia”. Lo mismo siguió exigiendo Montenegro Espinoza ante el gobierno del expresidente Enrique Bolaños, quien en su cruzada contra la corrupción denunciada del expresidente Alemán, enfrentó una guerra política abierta de la CGR. Por aquellos años, Montenegro Espinoza tenía abiertas las puertas de sus oficinas a los medios de comunicación en general. “Llamen a los muchachos” solía decir a Relaciones Públicas y sus conferencias de prensa eran semanales y su teléfono móvil era de dominio casi público.
Tanto denunció los actos de corrupción, que el mismísimo Departamento de Estado de los Estados Unidos lo invitó a Washington en 2003, como un reconocimiento a su labor de transparencia en defensa de los recursos públicos. Era un héroe cuya fama cruzaba fronteras.
15 años después: “Ni somos policías ni FBI”. “Y no vamos a salir corriendo a investigar a alguien solo porque un medio publica cualquier cosa”. Es el mismo Luis Ángel Montenegro Espinoza, quien con 15 años como funcionario de la Contraloría ahora se rehúsa hablar con los medios independientes.
La última vez que se le entrevistó fue en la Asamblea Nacional, el pasado martes 9 de junio, cuando se presentó a la Asamblea Nacional para presentar un informe de la institución en 2014 y solicitar el apoyo de los legisladores para obtener más recursos nacionales y buscar fondos internacionales y así “mantener la lucha por la transparencia”.
“La CGR ha venido aumentando paulatinamente su capacidad de cobertura de fiscalización de los recursos del Estado y en el establecimiento de una cultura de control para administrar con transparencia los recursos del Estado”, dijo ante los diputados.
Su queja “es que a la CGR no se le brinda el apoyo necesario desde hace ocho años” y que “no debe olvidarse nunca que la lucha contra la corrupción es una tarea de todos”.
Minutos después de ese discurso, aun dentro del recinto de la Asamblea Nacional, excluía a los medios independientes de “la lucha contra la corrupción es una tarea de todos”, al decir a los periodistas de Confidencial y LA PRENSA “pregúntenle al presidente” sobre los recursos de la cooperación petrolera de Venezuela a Nicaragua.
31.2
millones de córdobas es el total de daños económicos al Estado, detectados por la Contraloría General de la República en auditorías realizadas a instituciones públicas en 2014. Se ignora la identidad de los funcionarios y las instituciones auditadas.
“No merece ni un centavo más”, dijo el diputado opositor Carlos Langrand, vicepresidente de la comisión económica de la Asamblea Nacional, ante la petición del presidente de la Contraloría.
Desde 2007 hasta 2015, la Contraloría guardó los colmillos de su papel de perro guardián de los recursos públicos, le echaron en cara.
“Falta de recursos” argumenta ahora el presidente del ente fiscalizador.
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es el total de funcionarios públicos a los que la Contraloría General de la República les encontró algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o presunción de responsabilidad penal, en el manejo de recursos del Estado en el año 2014.
El Presupuesto General de la República, asignado a la Contraloría desde 2011 hasta 2014 suma 711.5 millones de córdobas.
Los miembros del Consejo Superior nombrados por la Asamblea Nacional en 2014 son Luis Ángel Montenegro Espinoza, presidente; María José Mejía García, vicepresidenta; Marisol Castillo Bellido, propietaria; María Dolores Alemán Cardenal, propietaria y Vicente Chávez Fajardo, propietario.
“Para hacer el papel que hacen, no requieren más presupuesto. Ellos no pueden alegar que no pueden investigar por denuncias periodísticas, supuestos actos de corrupción de un presidente, de sus funcionarios o de sus familiares, porque la Ley sí los faculta”, dice el exprocurador general de la República, Alberto Novoa.
¿En efecto necesitan los contralores más recursos para realizar su trabajo o les falta voluntad política para combatir la corrupción? Le preguntó LA PRENSA al diputado Enrique Sáenz.
“No tengo yo por qué meterme en la vida administrativa ni de Petronic ni de lo que hace Albanisa, yo fiscalizo las finanzas, si están correctas las entradas y si están correctas las salidas y si están bien administrados los fondos, (pero) los proyectos que ellos hagan no es un quehacer de la Contraloría”.
Luis Ángel Montenegro, presidente de la Contraloría General de la República.
“El problema es más de fondo. En primer lugar, todas las instituciones públicas, hasta la más remota Alcaldía, se encuentran subordinadas a la voluntad del monarca. La voluntad de Ortega es la única ley que reconocen los funcionarios que le prestan sus servicios”, dice Sáenz.
“En segundo lugar, el régimen ha reinstaurado un vicio del pasado: la concepción patrimonalista del Estado, es decir, para ellos no existe distinción entre fondos públicos y negocios privados. El poder del Estado es un mecanismo para enriquecerse y no para gestionar los bienes colectivos. Esta es una manera amable de llamar a la flagrante corrupción que se ha extendido a todos los niveles”, refuerza el diputado opositor.
Para él, los ejemplos sobran: “No vayamos muy largo. Tenemos los casos de Petronic, que monopoliza las importaciones de petróleo que representan más de mil millones de dólares anuales y sin embargo reportan al presupuesto como utilidades cuarenta millones de córdobas en el 2014. O el caso del Ministerio de Educación. Nadie supo por qué fue intervenido ni las razones por las cuales se destituyeron funcionarios de distintos niveles”.
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“En ambos casos la Contraloría ni ha dicho ni dice ni va a decir esta boca es mía. Y no es porque faltan recursos o porque falta voluntad política. La razón simple y llana es que están acatando la voluntad del monarca”, acusó Sáenz.
LA PRENSA solicitó una entrevista con Montenegro Espinoza, pero se nos informó que el funcionario anda fuera del país en misión institucional.
711.5
millones de córdobas es lo que el Estado ha destinado a la Contraloría General de la República entre 2011 y 2014 para fiscalizar el uso de los recursos públicos. La CGR considera que el presupuesto no es suficiente para realizar su trabajo de ente fiscalizador del Estado.
NADA VEN, NADA OYEN, NADA DICEN
En 2009 dos estudios del Fondo Conjunto de Donantes para la Anticorrupción retrataron a la CGR, uno de los entes clave en la lucha contra la corrupción en Nicaragua, como una institución imperceptible entre la ciudadanía, con indicadores de poca efectividad, tanto por limitaciones presupuestarias y técnicas, como por el nivel de partidización de sus principales funcionarios. Los documentos, titulados Diagnósticos de la Corrupción en Nicaragua y Percepción de Corrupción en los Servicios Públicos Locales, revelaron entonces que el papel de la Contraloría en la lucha contra la corrupción era limitado como órgano rector del sistema de control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos.
¿QUIÉNES SON LOS “PEGADOS”?
La Contraloría General de la República realizó en 2014 un total de 204 informes de auditorías finalizadas.
Durante el proceso de auditorías se establecieron responsabilidades civiles, emisión y confirmación de pliegos de glosas, por un monto total que superó los nueve millones de córdobas en perjuicio del Estado.
De los informes de auditorías aprobados por el Consejo Superior en 2014, la CGR encontró perjuicio económico al Estado en 52 entidades públicas, correspondiendo a 27 instituciones y 25 municipalidades.
A 238 funcionarios se les encontró responsabilidad administrativa.
A 66 responsabilidad civil y a 74 presunción de responsabilidad penal.
El informe, sin embargo, no revela quiénes son los funcionarios ni cuáles son las instituciones.
Los daños encontrados al erario en 2014 sumaron 31.2 millones de córdobas.
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