Los eventos ocurridos el pasado sábado 11 de julio, en los que un grupo de policías en el marco de una operación antidrogas asesinaron a tres miembros de una familia que regresaban de un culto religioso, es el resultado de un proceso de descomposición ética y moral que se explica por la corrupción interna alentada por operadores políticos que con la complicidad de los mandos de la Policía Nacional (PN) han arrastrado a esa institución a una vorágine de violencia, impunidad y abusos de los derechos humanos sin precedentes en la historia reciente de Nicaragua. Mucha de esta corrupción se ha cimentado en la penetración que las redes del crimen organizado han realizado en los mandos policiales y en un patrón de corrupción patrimonial que se torna más visible durante la gestión del presidente Arnoldo Alemán.
La penetración de las redes del crimen organizado y la alianza que consolidan con mandos de la PN tiene quizás su expresión más concreta y pública durante el proceso legal contra narcotraficante Henry Fariñas. En el contexto del juicio, el narcotraficante declaró y pretendió aportar evidencias sobre las estructuras paralelas que dentro de la PN organizaban y administraban las rutas y operaciones del narcotráfico en Nicaragua. Una declaración que se desvió con el curso de las investigaciones para centrar la atención en la participación de un alto funcionario del Consejo Supremo Electoral (CSE). Semanas después, Fariñas junto con otros cómplices es condenado, el jefe anti narcóticos de la PN es removido ante la abrumadora evidencia de sus relaciones con Fariñas y su red, pero el sistema de justicia no investiga ni procesa a ningún oficial de la PN. Tampoco se conoció proceso alguno de investigación policial interno que buscara aclarar el involucramiento de los mandos altos y medios con el narcotráfico. Como en otras historias, otras veces y otros escándalos, todo lo que implica el delito de policías fue resuelto entre los mismos policías. Así es reforzada la realidad de impunidad institucional que prevalece a la hora de entender cómo es la PN de hoy.
Años antes, fueron numerosas las escandalosas situaciones en que mandos de la PN eran favorecidos con propiedades, bienes y sueldos “por debajo” para asegurar la lealtad personal y partidaria al entonces presidente de Alemán. Fueron los tiempos en que el exjefe de la Policía Nacional, Edwin Cordero, afirmó a un grupo de periodistas que la PN pagaba con drogas a otros policías e informantes para llevar con éxito sus operaciones paradójicamente antinarcóticas. A finales de la administración de Enrique Bolaños, se da el asesinato de Jerónimo Polanco, dueño de un prostíbulo que funcionaba a través de coimas, chantajes, extorsiones y otros negocios ilícitos que involucraban a altos oficiales de la PN. El semanario Confidencial describió que Polanco estuvo envuelto en incidentes de todo tipo, que incluían los delitos de explotación sexual de menores de edad y que la Policía nunca lo investigó, a pesar de que en muchos casos las pruebas eran evidentes. Otros reportajes indagaron también sobre la relación de Polanco con Evert Cárcamo, ex vicealcalde de Managua por el FSLN y el mismo Daniel Ortega.
Los casos de abusos, corrupción y violencia continúan y se refuerzan con la administración del presidente Ortega.
La reelección de Ortega ha marcado la institucionalización del patrón de impunidad, abusos, violencia desmedida y corrupción de la PN. Ha marcado también la solución al dilema entre la Policía que buscaban ser: una institución no partidaria, respetuosa de los derechos humanos, dispuesta a rendir cuentas, sensible a los temas de género y juventud; y la Policía que en realidad es hoy y que en el año 2006 en un artículo de la revista Envío, William Grisby, hoy aliado incondicional del Gobierno de Ortega, describió como la institución de los oficiales con doble salario, que acceden a recursos no registrados en las cuentas del Estado con un nivel de vida ostentoso e imposible de explicar con sus salarios de altos mandos.
La corrupción policial se ha vuelto más extendida y compleja. Más extendida porque desde el ejecutivo se ha alimentado y ampliado una élite burocrática policial que consume el presupuesto que se supone es para mejorar la seguridad de las personas de forma onerosa y compleja porque los intereses que movilizan a la PN están cada vez más fundamentados en sus vínculos crecientes con redes criminales de todo tipo y una burocracia corrupta que ha reforzado la codicia desenfrenada de sus mandos. En estas condiciones se ha institucionalizado también un patrón de impunidad que favorece el ejercicio desmedido y descontrolado de la violencia, especialmente en contra de quienes se oponen al proyecto autoritario de Daniel Ortega, su familia y sus allegados. Los sucesos dramáticos del 11 de julio son una expresión de esa violencia que no se controla por el sentimiento de inmunidad e impunidad del actuar policial. En el contexto de ese horrendo asesinato con seguridad se harán algunas investigaciones y el castigo caerá sobre algunos chivos expiatorios, pero sin duda y como siempre ha sucedido, prevalecerá el sentido de auto protección institucional que perpetúa el patrón de borrón y cuenta nueva del actuar policial en Nicaragua y que refuerzan esa dinámica de descomposición ética y moral.
El autor es fundador y exdirector del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. En la actualidad es colaborador de la iniciativa “Expediente Abierto”.
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