La mayoría republicana en la cámara baja (diputados) aprobó un proyecto de ley destinado a sancionar a gobiernos locales de las llamadas “ciudades santuario”, que se rehúsan a cooperar con autoridades federales migratorias. La decisión llega aún después de que la Casa Blanca amenazó con vetarla. No está claro cuándo el Senado debatirá una versión similar.
La medida fue aprobada con votación 241-179, sobre las objeciones demócratas de que dificultaría a las policías locales obtener la confianza de inmigrantes no autorizados en sus comunidades, quienes optarían por no denunciar delitos por el temor de que su contacto con las autoridades les merezca una deportación. La ley persigue prohibir subsidios a las agencias policiales y de migración de esos gobiernos locales.
La bancada republicana presentó la iniciativa de ley tras el asesinato este mes en San Francisco de Kathryn Steinle, presuntamente a manos del mexicano Juan Francisco López Sánchez, un inmigrante no autorizado con récord criminal.
López Sánchez tenía varias sentencias por delitos graves y había sido deportado cinco veces, pero las autoridades de San Francisco lo dejaron en libertad pese a que las autoridades federales migratorias pidieron que lo retuvieran hasta que ellos pudieran recogerlo.
El autor de la legislación, el republicano Duncan Hunter, justificó la necesidad de tal medida aseverando que gobiernos locales discrepen con la ley federal “no les da derecho a ignorarla. Si no cumples con la ley, no recibes dinero federal”.
El pleno también rechazó con holgura una enmienda demócrata que buscaba condicionar recortes presupuestarios a gobiernos locales solo si la Procuraduría General verificaba que no generaría un alza en el índice delictivo de esa localidad.
Nueva York y San francisco
San Francisco, Los Ángeles y Nueva York están entre los cientos de gobiernos locales que desatienden las solicitudes de autoridades federales migratorias, conocidas en inglés como “detainers” , que han sido descritas por activistas como medidas que afectan de manera desproporcionada a inmigrantes que no han cometido faltas serias.
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