Los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) nunca lograron ser instaurados como tal, pero los críticos del gobierno sandinista aseguran que los miembros de esta organización funcionan en los Gabinetes de Familia, creados dentro del Código de la Familia.
Aunque en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de diciembre de 2007, se legaliza a los CPC, en el sentido en que pueden existir como organización de ciudadanos, también se deja claro que no pueden ser órganos del Gobierno. De todas formas, la pareja presidencial ha hecho de todo para imponerlos entre la población.
El docente de Derecho Constitucional y director ejecutivo del Grupo Projusticia, José Antonio Moreno, afirmó en un artículo publicado en LA PRENSA que “los Gabinetes de la Familia Comunidad y Vida incorporados en el Código de la Familia se formaron como una reencarnación de los fracasados Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y tienen su origen en la estrategia nacional del Gobierno denominada Vivir bien, vivir bonito, vivir sano”.
Moreno explica que “a inicios del año 2013 el ejecutivo envió a la Asamblea Nacional varias mociones para incluirlas en el Código de la Familia, logrando incluir un nuevo capítulo referido a los gabinetes, con lo cual se garantizaba una base legal para su existencia y actuaciones”.
“Con el Código tienen sustento legal, pero violentan principios de libertad, afectando derechos y distorsionando el verdadero concepto de participación ciudadana”, manifiesta Moreno.
El docente agrega que “de acuerdo con el último párrafo del artículo 32, del Código de la Familia, estos organismos se inspiran en valores cristianos, ideales socialistas y prácticas solidarias, siendo desde todo punto de vista inconstitucional ya que atenta contra la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión consignados en el artículo 29 de la Carta Magna, al atribuir a los Gabinetes un tipo de ideología (socialista) y establecer que deben inspirarse en valores cristianos, con lo cual también se viola el artículo 14 constitucional que señala que el Estado no tiene religión oficial y se introduce un eslogan partidario en la lógica del ordenamiento jurídico”.
Además, “el artículo 49 de la Constitución establece el derecho que tienen los nicaragüenses de organizarse según la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos, por lo tanto es contraria a esta disposición imponer un tipo de comportamiento o principios como la solidaridad a una organización social que se supone no es partidaria y deben ser sus miembros y no ley la que mande cuales serán sus motivaciones a seguir”.
INVASIÓN A LA PRIVACIDAD
Moreno también dice que el artículo 33 del Código de la Familia es igualmente contrario a la Constitución, dado que se menciona como uno de los objetivos “promover la comunicación y la convivencia fraternal, responsable y solidaria entre las personas y las familias de una comunidad, estableciendo medidas integrales de prevención que generen seguridad y protección en la familia”.
“Al poner en práctica este objetivo estarían violentando el numeral 1 del artículo 26 de la Constitución que garantiza el derecho de toda persona a su vida privada y a la de su familia, ya que permite una intromisión directa en los asuntos familiares de los nicaragüenses, lo cual le permitiría al Estado disponer de una instancia legalmente establecida para controlar en la forma que estimen conveniente la vida privada y el entorno familiar de cada ciudadano”, expresó Moreno.
“ES MENTIRA”
El diputado Carlos Emilio López ha dicho que “es mentira” que los gabinetes vayan a llegar hasta la intimidad de las familias, pues según él, la ley no les da esa potestad, pues establece que son para promover mejores condiciones de vida, aspectos sociales y comunitarios. Según López, los gabinetes tendrán facultad para trabajar sobre educación, seguridad alimentaria, medioambiente sano y los aspectos relacionados al entorno familiar.
López también rechazó que en el Código estén incluidos los CPC o cualquier otro término u organización que no esté contemplado en la Constitución. El legislador dice que el texto ha señalado que la participación en los gabinetes es de manera voluntaria y que quienes no lo quieran hacer no podrán ser reprimidos.
En 2013, antes de aprobarse las cuestionadas reformas constitucionales, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) logró evitar que los Gabinetes de la Familia se incluyeran en la Constitución Política, pero finalmente fueron establecidos en el Código de la Familia.
El origen de los CPC
Fue en el año 2007 cuando la primera dama y vocera del Gobierno, Rosario Murillo, anunció la creación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y, aunque en ese momento aseguró que “servirían al pueblo”, estos han sido señalados de ser los mismos “grupos de choque” que aparecen cuando ciudadanos salen a protestar contra el presidente inconstitucional, Daniel Ortega Saavedra.
Cuando surgieron los CPC inmediatamente fueron vinculados con los antiguos Comité de Defensa Sandinista (CDS). Pero el origen de estas organizaciones era más práctico que defensivo. Cuando se generalizó la resistencia contra la dictadura somocista y se comenzó a preparar la Insurrección Popular, una de las formas organizativas que se adoptó fue la organización del pueblo en los Comité de Defensa Civil (CDC).
De 1978 al 79 se organizaban por cuadra, por sector, por barrio y su función eran prepararse, estar listos para una guerra: recoger agua, definir un lugar donde se atenderían a los heridos, se organizaban pequeñas clínicas de primeros auxilios con la dotación correspondiente de medicamentos y materiales, como gasas, algodón, alcohol.
Legalización anómala
El 5 de diciembre de 2007, tras una encerrona en la noche de los magistrados del Frente Sandinista (FSLN) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), haciendo de lado a los liberales, los sandinistas emitieron una sentencia que declaró legales a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), debido al derecho constitucional de que los ciudadanos pueden organizarse y participar directamente en los asuntos públicos. Esto ocurrió el mismo día en que la Asamblea Nacional había mandado a publicar una ley que derogaba a los CPC.
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