La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ha retomado la campaña por el cierre de la cárcel de Auxilio Judicial de la Policía, mejor conocida como El Chipote, que en las épocas del somocismo y de la primera dictadura sandinista fue un siniestro centro de torturas y en la actualidad, según muchas denuncias, se siguen cometiendo graves abusos contra los derechos humanos de las personas que son encerradas en sus mazmorras. La más reciente de tales denuncias, de gran repercusión internacional, ha sido la del ciudadano costarricense Ed Tiffer Campos, quien recientemente estuvo preso en ese antro carcelario y según su testimonio público ampliamente difundido, fue víctima de graves abusos contra sus derechos humanos.
La clausura de El Chipote es una deuda de honor del poder político con Nicaragua, la cual se debió haber pagado hace mucho tiempo, desde los años noventa del siglo pasado cuando terminó la primera dictadura sandinista y se instauró la democracia. Así lo demandaron entonces las organizaciones y los ciudadanos democráticos, pero su petición fue desestimada.
Casi al final del gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, se creó mediante decreto presidencial del 25 de abril de 1996 el Parque Histórico Nacional Loma de Tiscapa, en el amplio sitio donde estaban también las mazmorras de la dictadura somocista, que heredó la dictadura sandinista y les puso el nombre de El Chipote. Sin embargo esta cárcel no fue incluida en el parque histórico, se dejó en poder de la Policía para que realizara allí las investigaciones e interrogatorios policiales.
Siete años después, el 22 de abril de 2003, el presidente Enrique Bolaños reformó el decreto creador del Parque Histórico Loma de Tiscapa, pero en la reforma tampoco incluyó El Chipote que siguió siendo una dependencia de la Policía para el auxilio judicial. Eran los tiempos en los que la Policía se había convertido en una confiable y respetable institución profesional, apolítica, apartidista y respetuosa de los derechos humanos, características honorables que perdió cuando Daniel Ortega recuperó el poder en enero de 2007 y comenzó a instaurar su nueva dictadura.
No obstante, en septiembre de 2013 la bancada democrática opositora en la Asamblea Nacional acogió la propuesta de la CPDH de cerrar ese centro de violación a los derechos humanos, y presentó la iniciativa de Ley que ordena el cierre definitivo de las cárceles de El Chipote y las declara Museo Nacional y Patrimonio Histórico de la Nación. Esta iniciativa humanitaria fue bien acogida por la sociedad democrática de Nicaragua. El diario LA PRENSA la apoyó de inmediato mediante un editorial titulado Cárcel de El Chipote debe ser clausurada. Y los obispos de la Iglesia católica, en la carta que le entregaron a Daniel Ortega el 25 de mayo del año pasado —la cual hasta ahora sigue sin respuesta—, lo exhortaron a que tomara en consideración esa digna propuesta de ley.
El Chipote es una vergüenza nacional. El mismo Daniel Ortega resultaría favorecido con su clausura, pues le ayudaría a mejorar su mala imagen de violador de los derechos humanos. Entonces, ¿por qué no la cierra? Seguramente es por arrogancia, o por compulsión represiva, porque disfruta la violación de los derechos humanos aún cuando esto lo perjudique y ni siquiera necesite la represión para mantenerse en el poder.