Desactualizadas, no disponibles o con propaganda política por todas partes. Así encontrará las páginas web de algunas instituciones del Estado cuando necesite buscar datos, estadísticas o informes en ellas.
“Esta es una expresión más de la política por parte del Gobierno del cero acceso a la información que según la Ley (621) no es clasificada, y no pone en riesgo la ¡seguridad o integridad nacional”, afirma Adrián Uriarte, comunicólogo y académico.
La Ley 621, ley de acceso a la información pública, establece que debe publicarse “toda aquella información que permita a los ciudadanos comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos públicos convenidos entre el Estado o sus entidades con el Ente Privado, así como el uso que hace de los bienes, recursos y beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas otorgados por el Estado”.
Según Oscar René Vargas, sociólogo e investigador, la propaganda política del Gobierno del inconstitucional presidente Daniel Ortega Saavedra, presente en la web tiene un efecto “boomerang”, pues aunque la información presente sea correcta pierde credibilidad.
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