Especialistas en temas de seguridad o con experiencia en el trabajo con jóvenes en riesgo advirtieron que los últimos hechos ocurridos en el país, en los que han estado vinculados grupos juveniles, debe servir a las autoridades como una alerta.
Al menos cuatro personas han fallecido en menos de un mes a causa de las disputas de pandillas. El jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, aseguró ayer a un medio oficialista de que en Nicaragua no hay maras.
David Silva, consultor en temas de seguridad, advirtió que de no ponerse atención a este fenómeno, existe el riesgo que esta situación escale como hace diez años; sobre todo porque se avecina un año electoral y hay antecedentes de que esos jóvenes han sido ocupados por partidos políticos como “punta de lanza”, sostuvo Silva.
Para el también consultor independiente en temas de seguridad, Roberto Orozco, los últimos hechos demuestran que aparentemente hay un repunte de la violencia juvenil. Jenny Leiva, directora de Fundación Nicaragua Nuestra, lo calificó como nuevos brotes, de nuevos grupos de jóvenes en riesgo como parte del relevo generacional.
Los tres coinciden en que esto denota que no hay una debida atención a este sector, que en su mayoría provienen de hogares disfuncionales. Esta situación está acompañada del grave problema económico que vive la sociedad, expresan los especialistas.
“Eso se viene convirtiendo en una bomba de tiempo y que al final los niños en busca de esa salida se van a la calles y comienzan a organizarse en grupos juveniles y que al final terminan cometiendo delitos menores”, dijo Silva, quien considera que lo grave de esto es de que las organizaciones de la sociedad civil que daban seguimiento a esa problemática, prácticamente han desaparecido ante la falta de recursos como pasó con el organismo que él dirigía.
Orozco dijo que el problema también tiene que ver con la facilidad de acceso a drogas, armas, y sobre todo a hacer armas hechizas. “Tengo entendido que la Policía está priorizando otros esfuerzos, podrían ser cobertura de manifestaciones políticas, es decir esfuerzos políticos realmente y podrían estar desatendiendo programas de violencia juvenil… puede ser otro factor de riesgo”. Leiva refirió que los grupos de años pasados no poseían armas de fuego.
5,000
armas que estaban de forma ilegal en manos de civiles, buscaba ocupar la Dirección de Armas de la Policía, según declaró en junio pasado el comisionado mayor Luis Pérez Olivas. A esa fecha habían ocupado 3,000 armas de fuego.
Faltan espacios
La Fundación Nicaragua Nuestra terminó recientemente un proyecto que implementó con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 13 sectores de 10 barrios costeros del Distrito Seis de Managua.
Jenny Leiva explicó que en esos barrios los jóvenes no contaban con espacios de recreación. Únicamente en dos barrios encontraron viejas canchas deportivas.
Cuando ingresaron a esos barrios, de 230 jóvenes el 67 por ciento no estudiaba. Al final lograron que un 42 por ciento volviera a las escuelas y junto a Fundación Victoria otorgaron becas para que un 75 por ciento se capacitara en diversos oficios.
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