De principio a fin, el proceso judicial contra Samir Antonio Matamoros, conocido como el pistolero de Metrocentro, fue tratado con censura para medios independientes, a los que no les fue permitido entrar ayer a la audiencia de lectura de sentencia, donde lo condenaron a cuatro años de cárcel y treinta días multa, por la suma de penas mínimas en los delitos de homicidio frustrado, exposición de personas al peligro y posesión ilegal de armas de fuego.
Una vez más el juez Tercero Local Penal de Managua, Ernesto Rodríguez, citó solo a medios oficialistas, los cuales entraron y salieron por el portón trasero del edificio del Complejo Judicial Central Managua, con apoyo de la oficina de Relaciones Públicas de ese poder del Estado que no permitió el ingreso de medios independientes al lugar.
De los cuatro años de prisión que deberá cumplir Matamoros —según lo publicado por medios oficialistas— tres son por homicidio frustrado, un año por exposición de personas al peligro y treinta días multa por posesión ilegal de armas. Todas son penas menores, incluso a las penas mínimas de los delitos cometidos según el Código Penal de Nicaragua.
estado de “arrebato”
El judicial para argumentar las penas impuestas a Matamoros dijo que están presentes dos circunstancias que llevan a rebajar las penas como la declaración espontánea, es decir, haber admitido el hecho y el famoso “estado de arrebato”, que en materia judicial es “obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato u obcecación”.
“Según la normativa penal vigente, si concurren varias atenuantes o una sola cualificada, se puede aplicar una pena atenuada, con un límite máximo que sería el límite inferior de la pena del delito imputado”, expuso el juez Rodríguez, según medios oficialistas, que no ahondaron en las circunstancias del “estado de arrebato”.
De acuerdo con el Código Penal de Nicaragua, el homicidio en grado de frustración es sancionado de tres a diez años, mientras que por exposición de personas al peligro las penas van de seis meses a tres años y por portación ilegal de armas se sanciona con penas de seis meses a un año de prisión y de cincuenta a cien días de multa.
La multa que deberá pagar Matamoros por la posesión ilegal de armas será de 1,428.60 córdobas, tomando en cuenta el salario mínimo del sector industrial. La pena corporal está prevista a cumplirse provisionalmente el 2 de septiembre del 2019.
Ortega “sociólogo”
Y mientras el juez leía “en familia” la sentencia de Matamoros, diputadas del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) defendían a tal extremo las declaraciones del presidente inconstitucional Daniel Ortega en defensa de Matamoros, calificando su declaración como un “análisis sociológico”.
La diputada Maritza Espinales, miembro de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, explicó que el presidente lo que hizo fue “un análisis sociológico de la condición de Matamoros”, a quien llamó “pobre muchacho” que solo “voló cuatro tiros” y “no quería matar a nadie”.
DESFACHATEZ DE DIPUTADAS
“El presidente en ningún momento respaldó la violencia. Él está haciendo un análisis sociológico real: Samir es un ser humano, tiene acciones, reaccionó, disparó; no en busca de agredir a alguien, probablemente disparó hacia el aire, y no sabemos si fue dirigido por la misma derecha, habría que ver, (porque) siempre quieren hacer énfasis en que el Frente Sandinista es el violento”, dijo Espinales.
La diputada sandinista Martha Marina González, por su parte consideró que las declaraciones de Ortega fueron tergiversadas por los medios, porque lo que trató de decir es que en Estados Unidos Matamoros hubiese sido acribillado por la Policía, pero en Nicaragua los oficiales actuaron con responsabilidad.
“Él (Ortega) no es que esté minimizando, eso es estar manipulando su declaración. Lo que él dijo fue que si ese caso hubiese ocurrido en los Estados Unidos, la Policía de ese país hubiera matado al muchacho por disparar”, dijo González.
La diputada María Eugenia Sequeira, del Partido Liberal Independiente (PLI), contrastó las opiniones de sus homólogas sandinistas considerando que fue una irresponsabilidad del mandatario el respaldo público a Matamoros.
(Colaboración de Ilich Buitrago).
“TERRORISMO DE ESTADO”
Para el presidente de Hagamos Democracia, Róger Arteaga, las declaraciones de Ortega son la señal que confirma que el actuar del joven fue un atentado que se planeó desde el partido de Gobierno.
“¿Cómo puede un presidente justificar la agresión de un armado, un delincuente con causas pendientes, amedrentando, amenazando y disparando contra ciudadanos que no estaban haciendo algún daño? Eso genera la complicidad”, cuestionó Arteaga.
Para él, hay una política de “terrorismo de Estado” en el gesto de Ortega a favor de Matamoros que evidencia que el atentado lo cometió el FSLN.
