Una tensa calma se vivía ayer en Mina El Limón, después que este sábado unos cuatrocientos antimotines de la Policía Nacional irrumpieran violentamente al poblado para sofocar una protesta que desde hace casi un mes mantienen trabajadores de la empresa minera B2Gold por el despido de tres sindicalistas.
¡Murió Daniel Ortega en la Mina El Limón!, vitoreaban cientos de mujeres durante la marcha que realizaron este domingo en las principales calles de la Mina El Limón vestidas de negro para mostrar su luto ante los hechos de violencia que los ha afectado en los últimos días, así como la escasez de alimentos y la falta de transporte.
La actividad inició en el lugar conocido como el Tamarindo rumbo a las instalaciones de B2Gold, donde, entre llantos y enojo las mujeres exigieron la salida del país de la actual administración de la empresa de funcionarios de origen peruano.
Al llegar las protestantes al restaurante Gold Plaza eran esperadas por Sonia Castro, ministra de Salud; Marcia Ramírez, ministra de la Familia y Miriam Raudez, ministra de Educación, quienes intentaron sin éxito detener a algunas protestantes. La actividad finalizó en el centro de salud de la localidad, donde las mujeres enardecidas exigieron a los antimotines desalojar el lugar e incluso les llenaron de agua lodoza algunos uniformes tendidos sobre la grama.
No obstante una vez concluida la marcha un grupo de treinta mujeres se reunieron con las ministras enviadas por el Gobierno para plantearles sus demandas, y notificarles que no enviarán a sus hijos a las escuelas hasta que cese la violencia en la zona, aunque deban perder el año escolar.
ACOSO VERBAL DE ANTIMOTINES
Algunas de las mujeres de la Mina El Limón se quejaron ante las ministras de ser víctimas de acoso por parte de los grupos de antimotines, quienes controlan el poblado y les faltan el respeto agrediéndolas con palabras obscenas.
“Ayer (sábado) un grupo de mujeres íbamos a buscar pan, porque ya no hay nada en las pulperías, y un grupo de ellos (antimotines) dijo allá van las h…, las zorras viejas esas, las vamos a agarrar y las vamos a desbaratar. Ellos (nos) provocan porque las mujeres no tenemos miedo”, dijo una de las pobladoras ante una comisión gubernamental que llegó este domingo a escuchar las demandas de la población.
LA PRENSA/ E. Lopez
Ayer la Policía levantó el Estado de Sitio que impedía la entrada y salida del poblado, y permitió el acceso en los cuatro retenes ubicados en la carretera hacia la comunidad donde ahora solamente se realiza control vehicular. Los autobuses empezaron a ingresar con pasajeros pero hasta ayer no llegaban las empresas distribuidoras de productos alimenticios que abastecen a las pulperías de la zona.
En las calles se ve a pobladores que poco a poco vuelven a tomar confianza para salir de sus viviendas a pesar que cientos de antimotines todavía permanecen en el lugar. Algunos están atrincherados en las instalaciones de la empresa B2Gold, en la antigua estación de Policía y en el centro de salud; y otros realizan patrullaje en las principales calles de la localidad.
HOMBRES HUYERON
Según los pobladores, cientos de trabajadores varones de la empresa B2Gold y algunos jóvenes decidieron huir hacia el área montañosa que rodea la comunidad por temor a ser detenidos por la Policía Nacional y ser enviados a El Chipote en Managua.
“Hasta ahora no sabemos si están bien o están mal, porque la empresa rastrea las llamadas telefónicas, es decir ellos no se pueden comunicar porque si llaman inmediatamente les caen los antimotines. Ellos andan huyendo en grupos dispersos, porque hay una lista con nombres y apellidos para capturarlos”, dijo Karen López, pobladora de la zona.
Durante los disturbios del sábado, la Policía Nacional detuvo a 23 personas, pero actualmente solo tres permanecen detenidas.
El comisionado general Adolfo Marenco, jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, dijo a los pobladores que las personas que tienen orden de captura —producto de los disturbios— tienen que continuar con su proceso penal.
Según los familiares de Humberto Rivas Canales, quien fungía como secretario general del sindicato Pedro Roque Blandón y está detenido en El Chipote, no los han dejado verlo desde su detención el 8 de octubre. Además señalaron que este martes será su audiencia inicial en Managua.
Rivas Canales es acusado por el Ministerio Público al igual que los demás sindicalistas detenidos por los delitos: crimen organizado, homicidio, amenazas, daños agravados y abuso sexual, entre otros.
LAS DEMANDAS DEL PUEBLO
Kenia Cárdenas, pobladora de la Mina El Limón, dijo que la primera demanda al Gobierno para restablecer la paz en la comunidad es el despido de cinco miembros de la administración de B2Gold de origen peruana: Martín Esparza, Jorge Martínez, Levinia Sequeira, Gioconda Hernández y Beatriz Casco.
La segunda que los sindicalistas detenidos sean liberados y reintegrados a sus labores. Los detenidos y acusados son: Ramón Antonio Useda Olivares, Humberto Rivas Canales, Henry Facundo Gómez Quintanilla y César Santos Pulido Centeno.
La tercera demanda de la población es el retiro total de los antimotines y finalmente que no haya represalias contra los trabajadores de B2Gold una vez que vuelvan a sus labores.
