La razón de ser de los Estados es proporcionar protección a los miembros de una sociedad que ha acordado otorgarle lo que el sociólogo alemán Max Weber definió como “el monopolio de la violencia”, un concepto aceptado ampliamente como definición básica de lo que es un Estado.
Mediante ese uso legitimado de la violencia el Estado es capaz de mantener el orden y ejercer las leyes en una sociedad. Si el Estado deja que diferentes grupos ejerzan la fuerza y la violencia a su antojo estamos ante un Estado fallido.
El Estado orteguista —no se le puede llamar de otra forma ya que el dictador y su esposa se han convertido en fuente de todo poder y de ellos emana hasta la más insignificante de las órdenes— le ha fallado a los habitantes de las comunidades mayangnas de Waspam, una de las regiones más apartadas del país. Allá, en la frontera con Honduras, esas comunidades son asediadas por el avance de los colonos mestizos desde hace años pero en los últimos meses los enfrentamientos se han tornado más violentos y el resultado ha sido dolor y muerte.
A estas comunidades les asiste la Ley. Están plenamente protegidas por la Constitución Política, la Ley de Autonomía y la Ley 445 o Ley de Régimen de Propiedad Comunal. Además, el mismo presidente inconstitucional Daniel Ortega ha prometido sanear los territorios.
En el artículo titulado Claves para entender el conflicto en el Caribe Norte publicado en LA PRENSA en septiembre pasado cuando el conflicto recrudeció, el periodista José Adán Silva menciona un estudio del 2014 del Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cadpi), titulado Demarcación y Titulación de Territorios Indígenas: la reivindicación de derechos ancestrales, que precisa que “el Estado había titulado hasta el 2014 a 21 de los 22 territorios indígenas y afrodescendientes”.
Pero a pesar de ese avance, el Gobierno ha guardado silencio ante los conflictos de los últimos meses en Waspam y se ha negado a cumplir con su función básica de proteger la vida de los ciudadanos nicaragüenses y mantener el orden.
En la nota informativa publicada sobre los nuevos sucesos en LA PRENSA del sábado 19 de diciembre, la periodista Elízabeth Romero recuerda declaraciones insólitas del jefe del Ejército, general Julio César Avilés, publicadas por este Diario el 28 de noviembre , quien consideró la situación en las comunidades indígenas como problema de propiedad, que recomendó arreglarlo entre las partes. Pasando por alto olímpicamente que en este conflicto ya hay varios muertos.
La situación de abandono estatal es tal que las comunidades indígenas tuvieron que cruzar el río Coco para presentar en Honduras a la relatora especial de pueblos indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, la situación que están sufriendo. El pasado 2 de diciembre, Tauli-Corpuz demandó en Ginebra al Gobierno de Nicaragua “que inicie el proceso de saneamiento territorial al que se comprometió públicamente el presidente Daniel Ortega, dando prioridad a los territorios en conflicto, para proceder al traslado de los colonos a sus lugares de origen o a su reubicación”.
Todas las instituciones del Estado están en la obligación de proteger la vida de los ciudadanos de origen mayangna que están viviendo una situación de terror y muerte.
La indiferencia del orteguismo ante esta violencia y estas muertes es inexplicable e inexcusable.
