El experto en temas de derechos humanos y catedrático universitario, Ramón Rodríguez, explicó que desde su perspectiva el gobierno no ha mostrado una actitud beligerante y efectiva para intervenir en el conflicto entre indígenas y colonos en la Costa Caribe del país, que de acuerdo a dirigentes en la zona han dejado al menos 50 muertos en lo que va del 2015.
Desde su perspectiva de experto en temas de derechos humanos, ¿Cual es su visión sobre el papel que ha jugado el gobierno en atender la crisis de violencia por el conflicto entre indígenas y colonos en la zona caribe del país?
El gobierno ha sido muy pasivo en permitir que el tiempo transcurra y el conflicto entre indígenas y colonos se agudice. Tanto la legislación nacional (“Ley de Trato Digno y Equitativo a Pueblos Indígenas y Afrodescendientes”, 2011, y el Decreto No. 15-2013 “Decreto Creador de la Comisión Interinstitucional para la Defensa de la Madre Tierra en Territorios Indígenas, Afrodescendientes del Caribe y Alto Wangki-Bocay”), como los instrumentos internacionales en los que Nicaragua es Estado Parte (Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otros), obligan a una actuación beligerante y efectiva en pro de los derechos humanos de los pueblos indígenas, como grupo poblacional en situación de vulnerabilidad.
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Es lamentable que desde la creación en 2013 -por orden del Presidente de la República- de la “Comisión Interinstitucional para la Defensa de la Madre Tierra en Territorios Indígenas, Afrodescendientes del Caribe y Alto Wangki-Bocay”, cuyo objeto, como bien dice el mismo decreto, es dar cumplimiento a la última etapa establecida en la “Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz” (Ley No. 445), hasta la fecha, no se haya dado a conocer públicamente ningún informe acerca de las labores y resultados de esta Comisión.
¿Considera que el Ejército o la misma Policía ha intervenido lo suficiente en la búsqueda de una solución al conflicto?
La solución integral a un conflicto de esta naturaleza, no puede ni debe provenir únicamente de la intervención de cuerpos armados como la Policía o el Ejército Nacional; pues si bien es cierto que en cualquier caso, la Policía Nacional está facultada para actuar ante la comisión de hechos delictivos, en esta situación particular entre indígenas y colonos, es el gobierno, tomando en cuenta la normativa nacional e internacional de derechos humanos, así como el diálogo entre las partes involucradas y el apoyo de expertos en la materia, quien debe buscar, proponer, cumplir y dar seguimiento a las soluciones que sean acordadas.
¿Hay voces que han criticado que prácticamente el gobierno ha dejado que colonos e indígenas se maten entre sí?
El gobierno pudo haber prevenido un conflicto de este tipo si en verdad fuese más consecuente con la política de “restitución de derechos”. No en vano, recientemente se ha pronunciado la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, exhortando a que “el gobierno de Nicaragua adopte las medidas necesarias para poner fin a esta situación de violencia”…
